Rumí: "Habrá mecanismos extremos para evitar el fraude"

La secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, advirtió ayer a los inmigrantes irregulares: "No compren contratos, porque hemos puesto en marcha mecanismos extremos para verificar la viabilidad y la legalidad de las empresas y de los empleadores".

Rumí compareció en rueda de prensa, junto a la subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas Dolores Carrión, para explicar el dispositivo puesto en marcha para afrontar el proceso transitorio de "normalización" de extranjeros.

Tras recordar que el objetivo del proceso es "dar respuesta a una situación heredada [de más de un millón de extranjeros en situación administrativa irregular] para acabar con el coste social que tiene", insistió: "Toda la Administración ha realizado un esfuerzo para poder responder, esta vez sí, al objetivo de poner todos los medios posibles al alcance de empresarios y empleadores para acabar con el empleo ilegal, para hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el trabajo irregular".

Seguridad

Rumí se refirió a posibilidad de que surjan mafias para traficar con contratos de trabajo falsos: "Seguro que las habrá", profetizó. Y advirtió: "Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance con el fin de que este proceso no tenga ni un asomo de inseguridad para los españoles".

Entre esos medios está la admisión del padrón como el único documento que permitirá demostrar la permanencia en España de los extranjeros desde antes del pasado 7 de agosto, y cuya validez será comprobada a través del Instituto Nacional de Estadística.

También anunció el refuerzo de la Inspección de Trabajo para desarrollar "una lucha implacable contra la economía sumergida. Pasado este proceso se aplicará a trabajadores y empresarios la Ley de Extranjería".

El Reglamento de dicha ley contempla la posibilidad de que los inmigrantes sin papeles obtengan el permiso de residencia si denuncian a sus empleadores y demuestran judicialmente que han estado trabajando para ellos de forma ilegal. También establece sanciones de hasta 60.000 euros para quienes contraten a trabajadores en situación irregular.

Respecto al efecto llamada que pueda provocar la apertura del proceso de regularización, afirmó que el Gobierno "ha reforzado el control de fronteras" y trabaja en el desarrollo de una "ofensiva" para ampliar el número de convenios de readmisión de extranjeros, "tanto de forma bilateral como a través de la Unión Europea".