Human Rights Watch critica los acuerdos del Ejecutivo colombiano con los paramilitares

El grupo Human Rights Watch (HRW), especializado en derechos humanos, denunció ayer en Washington que los defectos legales y de procedimiento en la actual negociación entre el Gobierno colombiano y los grupos paramilitares "no desmantelará a esos grupos" y posibilitará "la impunidad para las peores atrocidades". Según el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, "existe un riesgo real de que el proceso de desmovilización deje intactas las infraestructuras de estos grupos y sus activos". Estamos hablando "de mafias muy poderosas que usan recursos del narcotráfico y que tienen una tremenda capacidad de recuperación", de "monstruos de muchas cabezas", añade Vivanco, quien cree que si el proceso "no se hace con las medidas políticas, jurídicas, policiales y militares adecuadas", los paramilitares seguirán actuando.

Ante la próxima reunión de países donantes que se celebrará a principios de febrero en Cartagena de Indias, HWR pide a los países asistentes -entre ellos estará España- que congelen sus ayudas para la desmovilización hasta que Colombia no apruebe una ley que desmantele de verdad a los grupos y haga a sus miembros responsables de los abusos y crímenes cometidos. "Lo importante es desmantelar las estructuras. ¿De qué sirve que un puñado de líderes pasen unos pocos años en la cárcel, si pueden ser fácilmente sustituidos?", señala Vivanco, alarmado por la falta de garantías del actual proceso y por las normas que proporcionan ayuda económica y beneficios jurídicos a los que se acogen a la desmovilización, sin que se les exija nada a cambio.

En Bogotá, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, rechazó las críticas y dijo que se está desmontando "una impresionante máquina de guerra", que la violencia ha disminuido en las zonas donde actuaban las AUC y que se ha desmovilizado ya a 3.600 paramilitares.