Castilla-La Mancha se opone al nuevo envío de agua del Tajo al Segura

Toledo / Alicante - 13 ene 2005 - 00:00CET

El Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, afirmó ayer que la Junta de Comunidades está estudiando la posible ilegalidad de la petición de un nuevo trasvase de agua al Segura que hoy estudia la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Según Díaz-Cano, "no se dan las circunstancias que permitan el trasvase de 130 hectómetros solicitados".

Díaz-Cano calificó de "inadecuado" que de los 130 hectómetros cúbicos pedidos, 90 de ellos quieran destinarse a regadíos, mientras que sólo los 40 restantes serían para abastecimiento a la población. En este sentido, afirmó que "no se sostiene" esa petición con las nuevas expectativas de abastecimiento en zonas como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, -que agrupa a 77 municipios y consume 120 hectómetros cúbicos anuales para abastecimiento-.

Así, señaló que el Consejo de Administración de la Mancomunidad manifestó recientemente que en los próximos cuatro años, con las cuatro nuevas plantas desaladoras que se están construyendo, tienen garantizado el consumo y el abastecimiento a todos sus municipios. "Si esto es así, no entendemos cómo se pueden seguir planteando reclamaciones del tipo que se vienen haciendo con el agua del Tajo".

El consejero aseguró que Castilla-La Mancha se va a oponer formalmente a que se autorice la nueva derivación por considerarla "desproporcionada", aunque precisó que "sabemos que, como consecuencia de una organización que consideramos nefasta de los órganos del gestión del agua, nuestro voto, nuestra posición no va a ser determinante".

Por otro lado, El Ministerio de Medio Ambiente atribuyó ayer a un "error" que cinco informes de expertos figuraran hasta ayer en su página web como "contrarios" al trasvase del Ebro previsto en el anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN), pues debían aparecer en el apartado de "otros". En una nota, el Ministerio informa de que ha subsanado la equivocación. El Grupo Popular en el Congreso ha pedido al respecto la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

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