El Gobierno recurrirá este año a un decreto ley para compensar a los pensionistas por la inflación

El Gobierno tendrá que recurrir este año a una vía diferente a la habitual (previsiblemente el decreto ley) para sacar adelante la revalorización de las pensiones derivada de la desviación de la inflación. Esta partida -destinada a compensar a los 8,3 millones de pensionistas por el previsible aumento del índice de precios de consumo (IPC) por encima del 2%- se suele incluir como enmienda a la Ley de Presupuestos en el trámite parlamentario del Senado. Al vetar ayer el Senado por primera vez en la historia de la democracia las cuentas del Estado para 2005, no existe posibilidad de introducir enmiendas, por lo que esa modificación ha de hacerse de otro modo. El recurso al decreto ley, que tendrá que ser aprobado antes de final de año, fue anunciado ayer por el ministro de Economía, Pedro Solbes.

La razón de aguardar hasta el trámite del Senado para introducir la revalorización de las pensiones reside en que es el dato del IPC de noviembre el que se utiliza como referencia para la compensación, que se traduce en una paga compensatoria por el poder adquisitivo perdido en 2004 y se consolida en la pensión de 2005. Y la cifra de noviembre se hace pública a mediados de diciembre (este año, el dato se divulgará mañana), cuando los Presupuestos ya están en su recta final. A falta de conocer la cifra definitiva, es de esperar que el IPC de noviembre ronde el 3,4%, según el indicador adelantado que ofreció el Instituto Nacional de Estadística a finales de mes.

De mantenerse ese 3,4%, la desviación de la inflación tendría un coste de 1.736 millones de euros (868 millones de la paga compensatoria que se incluye en las cuentas de este año y otro tanto imputable a los Presupuestos de 2005 para consolidarla). Se calcula que cada décima de desviación del IPC sobre la previsión oficial (en este caso, 1,4 puntos por encima del 2%) cuesta al Estado 62 millones de euros.