Residencias públicas

Mi madre falleció recientemente a la edad de 95 años. Los últimos 12 años de su vida los pasó en una residencia de ancianos, cuyo coste financió con su pensión de viudedad y la venta de su vivienda. Cuando sus ahorros se agotaron, solicitó a la Comunidad una plaza financiada en residencia de mayores. Desde que presentó la solicitud hasta que falleció transcurrieron dos años, dilación motivada por prácticas encaminadas a retrasar la tramitación: extravío de documentación, solicitud de documentos ya presentados, duplicación de expedientes y requerimientos reiterados de la declaración de la renta, a sabiendas de que no tenía obligación de declarar.

Para asignar las escasas plazas a los muchos solicitantes, la Dirección General del Mayor aplica un sistema de listas de espera, rebautizado con el más aséptico nombre de "coordinación y regulación de la demanda", que es poco transparente, arbitrario, y permite a la Administración actuar con prepotencia y no someterse a ningún plazo.

La solicitud debe presentarse ante los servicios sociales del municipio de residencia, y no ante un registro público que haga constar la fecha de entrada. El 40% de la puntuación asignada responde al criterio subjetivo de los servicios sociales. La CAM exige plazos estrictos para responder a sus requerimientos pero no se somete a ninguno para sus resoluciones.

Como los recursos destinados a los mayores son notoriamente insuficientes, la CAM aplica prácticas encaminadas a demorar la tramitación de las solicitudes. Sería ilustrativo conocer el número de ancianos que mueren estando en lista de espera, dada la alta probabilidad de fallecimiento a edades tan avanzadas.

La CAM prioriza la construcción de infraestructuras favorecedoras de la especulación inmobiliaria o la inversión en parques de ocio ruinosos sobre el gasto social, y carece de una política previsora del creciente envejecimiento de la población madrileña. Como afirma Esperanza Aguirre, el "gratis total" no existe porque siempre lo paga alguien. En efecto, los propietarios de terrenos recalificados, las grandes constructoras y las multinacionales del entretenimiento se ven favorecidos por la generosidad presupuestaria de la CAM, en detrimento de los ancianos necesitados. Aunque la experiencia personal de ancianos que viven sus últimos días con angustia por la incertidumbre sobre su futuro o mueren en soledad es dramática, el coste político es escaso, por tratarse de un colectivo sin futuro ni influencia en la formación de opinión pública.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CAM, a la que me he dirigido previamente sin obtener respuesta, no promueve los derechos de la tercera edad recogidos en el artículo 50 de la Constitución.