Los restos del naufragio

Algunas decisiones se convierten en errores graves que producen quiebras difíciles de solucionar. Éste es el caso de la que tomó el Gobierno del PP de unir los astilleros públicos de carácter civil con los de carácter militar, AESA y Bazán, respectivamente, en un solo grupo empresarial, Izar. A la postre, según la implacable exposición en el Congreso del nuevo presidente de la SEPI, la inviabilidad de los astilleros civiles, debida a la inexistencia de pedidos y la extrema competitividad de los constructores navales asiáticos, arrastró a los militares, de forma que hoy el grupo Izar arrastra unas pérdidas acumuladas de 477 millones de euros desde 2000.

Tal error hubiera sido suficiente para colocar a los astilleros españoles en situación crítica; pero otra maniobra desdichada de los Gobiernos anteriores ha acabado por hacerla agónica. Resulta que se inyectaron en el grupo naval ayudas públicas que vulneraban las normas comunitarias y Bruselas reclama ahora la devolución de 1.100 millones de euros indebidamente entregados a los astilleros para mantener la ficción de que los gravísimos problemas de Izar se habían resuelto.

De nuevo se revela aquí la repetida técnica desarrollada por los Gobiernos del PP de resolver de cualquier manera problemas complejos. El Gobierno socialista se enfrenta así a la tarea de certificar la inviabilidad de una parte del grupo naval público. Encomienda difícil, porque significa separar de nuevo los astilleros militares de los civiles, aplicar un ajuste drástico que implicará el cierre de instalaciones emblemáticas en sus ciudades y una negociación a cara de perro con la Comisión Europea para que atenúe su disposición, justa, a aplicar mano dura a una empresa cuyos responsables políticos financiaron irregularmente y con un inexcusable descaro.

Pero el pasado no tiene vuelta de hoja y éste es el momento de minimizar los daños. El primer paso es convencer a los sindicatos de que el ajuste es irreversible y que no puede negociarse la prolongación de las ayudas públicas ilegales, como irresponsablemente defienden los parlamentarios del PP. El acuerdo con los sindicatos es imprescindible para encontrar soluciones empresariales y financieras a esta crisis, soluciones que serán costosas en términos humanos, económicos y políticos.