Referéndum de consenso

España, tras el anuncio hecho ayer por Zapatero, se lanza hacia el segundo referéndum consultivo de la democracia. Si el primero, en 1986, dividió a la ciudadanía sobre la OTAN, esta vez hay un apoyo básico político a la nueva Constitución europea. Al Tratado Constitucional recién aprobado en Bruselas se le aplica perfectamente la calificación de "decisión política de especial trascendencia" que, según el artículo 92 de nuestra Carta Magna, justifica tal referéndum consultivo. Es un texto, como los anteriores, que se aplica por encima de nuestra Constitución nacional. El momento es especialmente adecuado ante el cambio de modelo europeo, con la ampliación y el desarrollo de un corpus político de la UE que incluye la Carta de Derechos, y el impulso a la política exterior, de seguridad y de defensa común, a la que se ha incorporado la lucha contra el terrorismo.

Zapatero ha prometido consultar a los demás partidos sobre la fecha y la pregunta. No puede ser de otro modo pues tal convocatoria requiere un acuerdo del Congreso de los Diputados. Quiere, con razón, que sea lo antes posible, al considerar que España debe ponerse a la vanguardia de un movimiento de ratificación que puede fracasar en más de uno de los 25 países miembros. El mayor peligro, reconocido por el presidente del Gobierno, es que la participación sea baja y reste legitimidad al Tratado Constitucional.

El Consejo de Estado va a examinar si la Constitución europea no obliga a alguna reforma de la española, pues más allá del deseo de incorporar una referencia general a este texto, la integración europea supone transferencias de soberanía y no meramente de competencias. España debe aprovechar también la ocasión para resolver el encaje del Estado de las Autonomías en una Unión Europea de Estados y ciudadanos.

Puede que en vez de una campaña informativa se repita lo que ayer ocurrió en el Congreso: la carga de Mariano Rajoy por lo que consideró una pérdida de peso institucional de España con esta Constitución, y por haber aceptado la doble mayoría "a cambio de nada", cuando en realidad ya Aznar barajó esta fórmula en su día. El de ayer es el mismo discurso que el PP mantuvo en el debate previo al cierre de la Constitución, sin percatarse de que Niza ya no estaba sobre la mesa de negociación, y un no a cambiar Niza equivalía a un no a Europa. Según dijo el propio Rajoy, la Constitución es una realidad (aunque aún no hay texto consolidado, lo que llevó a algunas confusiones) y el plazo para la protesta ha caducado. Hubo acuerdo entre PP y PSOE -extendido a otros partidos- en la Convención preparatoria de la Constitución: un Gobierno empezó a negociarla y otro la ha cerrado. La consulta debe celebrarse bajo este consenso; no para una nueva división.