CEAR denuncia que el Gobierno dificultó la ayuda a los extranjeros

"En 2003 se mantuvo la masiva llegada de inmigrantes al Campo de Gibraltar, Canarias, Ceuta, Melilla, el aeropuerto de Barajas... y, sin embargo, se produjo un descenso de las solicitudes de asilo presentadas en España debido a las deficiencias en la atención, en especial en la asistencia letrada, y a la actitud del Gobierno, que dificultó o impidió el acceso de las organizaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones".

Ésa es la primera de las 25 conclusiones que presenta el informe de CEAR. Destacamos algunas de las más relevantes:

- Embajadas. "Uno de los obstáculos más determinantes para solicitar asilo (...) es la dificultad de acceder a las representaciones diplomáticas y, por tanto, la imposibilidad de salir del país donde se sufre la persecución. Todo ello propicia la escasa tramitación de solicitudes por vía diplomática, impide que muchos perseguidos accedan a algún tipo de protección y favorece que las mafias obtengan un elevado beneficio del sufrimiento ajeno".

- Polizones. "Las autoridades impidieron el acceso inmediato a los buques a los abogados".

- Irak. "Un claro ejemplo del doble rasero [de la Administración] es el de Irak, ya que el Gobierno rechazaba de manera sistemática las solicitudes de asilo de los ciudadanos de ese país, justo hasta que se alineó con Estados Unidos en la guerra".

- Motivos de género. "La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) demostró una nula sensibilidad" a la hora de dar protección a las personas que sufren persecución por razón de género, orientación sexual y violencia doméstica". La Convención de Ginebra no menciona la persecución por razones de género entre los supuestos que permiten obtener el estatuto de refugiado.

- Apátridas. "Destaca la ausencia total de protección social para los solicitantes de apatridia y los apátridas reconocidos, una situación especialmente grave, ya que estas personas suelen carecer de documentación, lo que aumenta su vulnerabilidad".

- Criminalización. "A lo largo del año, en especial con la inclusión en el Plan de Lucha contra la Delincuencia de una reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno consolidó la tendencia a la criminalización de las migraciones".

El informe también revela que el año pasado aumentó en un 50% respecto a 2002 el número de personas afectadas por sentencias estimatorias de la Audiencia Nacional que revocaron la decisión de las OAR de inadmitir a trámite sus solicitudes de asilo. Casi en el 20% de sus sentencias, la Audiencia desautorizó al Gobierno.