La policía descartó tras el 11-M vínculos entre ETA y Al Qaeda

El Gobierno del PP, a través de su secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, ordenó a Instituciones Penitenciarias el 12 de marzo que investigara cualquier vínculo entre presos etarras e integristas islamistas en relación a los atentados perpetrados en Madrid 24 horas antes. El departamento de Coordinación de Seguridad de las cárceles trabajó ese fin de semana, el de las elecciones generales, para elaborar un informe que fue entregado al Gobierno dos días después, el 14 de marzo. El informe contenía seis transcripciones de cartas o conversaciones grabadas de presos etarras (José Ignacio de Juana Chaos, encarcelado desde 1987, y José Luis Urrusolo Sistiaga, en prisión desde 2001 y apartado de la cúpula de ETA, entre otros). Analizado el material, la policía y la Guardia Civil concluyeron que no había vínculos entre ETA y el terrorismo islamista en el 11-M: "Sólo había contactos personales; ninguno con fines de colaboración".

Las comunicaciones de los internos, tal y como ellos conocen, pueden interceptarse por decisión del director de la cárcel con una resolución motivada que se notifica al preso y al juez, por lo que la policía cree prácticamente imposible que la colaboración entre estos grupos se realice a través de sus presos. En las cárceles españolas hay unos 600 terroristas: 500 pertenecen a ETA y 51 vinculados a Al Qaeda; de éstos, 14 fueron encarcelados tras el 11-M.