El Constitucional decidirá si España juzga el genocidio de Guatemala

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo promovido por la Asociación Libre de Abogados y otras asociaciones contra la sentencia de la Sala Penal del Supremo que, por ocho votos a siete, rechazó en 2003 que España tenga jurisdicción universal para enjuiciar los delitos de genocidio, torturas y terrorismo perpetrados en Guatemala entre 1962 y 1996, que costaron 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

Por ese estrecho margen de un voto, el Supremo rechazó la petición de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú de que fuera revocada la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la denuncia por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala. La Audiencia Nacional consideró en 2000 que no era procedente que la justicia española conociera el genocidio de Guatemala sin que antes este país intentase juzgar a los culpables, en contra del criterio del juez central de instrucción Guillermo Ruiz Polanco, quien se declaró competente para investigar los crímenes denunciados por Rigoberta Menchú.

La querella inicialmente admitida por Ruiz Polanco se dirigía contra el general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso de Guatemala; los generales y ex jefes de Gobierno Óscar Humberto Mejías y Fernando Romeo Lucas, y otros cinco militares.

Frente al criterio de la mayoría del Supremo en contra de que los jueces españoles se erijan en justicieros universales, la minoría razonó que el ejercicio de la jurisdicción universal destierra la impunidad de los grandes crímenes contra la humanidad y contribuye a la paz y humanización de nuestra civilización. El Tribunal Constitucional dirá la última palabra.