Los sindicatos pedirán al Gobierno que desarrolle el arraigo laboral en el Reglamento de Extranjería

Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), propondrán el próximo martes a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que abra vías legales para regularizar a inmigrantes que acrediten una relación laboral prolongada en España, al margen de los periodos de permanencia en el país que exige la Ley de Extranjería. Rumí ya insinuó esta posibilidad en declaraciones a EL PAÍS la semana pasada.

Los sindicatos proponen dar entidad al supuesto del arraigo laboral desarrollando el artículo 36.3 de la ley, que establece que la carencia de papeles "no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo de las prestaciones que pudieran corresponderle".

Hasta el momento, ese artículo sólo ha sido desarrollado para incrementar la sanción que tendría que pagar el empresario por emplear a personas en situación irregular. UGT y CC OO proponen desarrollarlo ahora en lo referente al trabajador, con independencia de cuál sea la sanción impuesta al empresario: "Se trata de que, en determinados supuestos, la acreditación por la inspección de trabajo de una relación laboral irregular prolongada pueda dar lugar a que la Administración documente al inmigrante".

Ambos sindicatos también están de acuerdo en establecer un mecanismo que permita, de manera individualizada, la regularización de inmigrantes y de empleos que ahora forman parte de la economía sumergida. Ese mecanismo estaría basado en la "contratación efectiva", y no en ofertas de empleo, que a juicio de UGT y CC OO "no aseguran la estabilidad laboral ni regular de los trabajadores".

"Ha de establecerse", indican, "un mecanismo de protección a las víctimas, que incluya el acceso a un permiso de residencia y de trabajo como un incentivo para denunciar estas situaciones de explotación laboral". Recuerdan que esa fórmula no es extraña al ordenamiento jurídico, puesto que se utiliza en supuestos de víctimas del tráfico de seres humanos o de explotación sexual.

Los sindicatos respaldan con argumentos económicos y éticos su propuesta. "A la negación de derechos que significa para los trabajadores la economía sumergida", señalan, "se añade que ésta se desenvuelve al margen de la fiscalidad y de las cotizaciones sociales, produciendo situaciones de dumping económico y de distorsión de la competencia con efectos contaminantes sobre la economía regular".