López Aguilar asegura que el Gobierno no hará reformas legales "al galope"

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer en Barcelona que el Gobierno pretende "desactivar el riesgo de hacer reformas legales en 10 días, al galope, por la puerta falsa", y ofreció diálogo a todos los sectores judiciales para pactar modificaciones en el Código Penal y en la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. López Aguilar insistió en que ha de evitarse también "el riesgo del penelopismo", que consiste en "tejer y destejer, dar un paso adelante y dos atrás". La intención del Ministerio de Justicia, añadió, es "hacer las reformas creíbles, con consenso y con dinero para poder materializarlas".

López Aguilar realizó estas afirmaciones en la apertura del decimonoveno congreso estatal de la asociación progresista Jueces para la Democracia, que tiene 480 afiliados, de los que asisten al congreso más de 150. El congreso elegirá hoy un nuevo secretariado formado por nueve personas al que se presentan 15 candidatos que se encuadran, a grandes rasgos, en dos tendencias: la continuista y próxima a las tesis del ministerio, y la renovadora, que plantea reformas decididas y que defendió la salida del PSOE del Pacto de la Justicia semanas antes de que se produjera. El ministro afirmó ayer: "Sea cual sea el secretariado que surja, le daré la bienvenida".

En el congreso se presentó ayer una ponencia sobre la recuperación de la memoria de los jueces republicanos represaliados por el franquismo, a cargo del catedrático de historia Federico Vázquez Osuna. Hoy se presentarán otras dos sobre el juez en la sociedad multicultural y sobre la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Resistencia al cambio

Juan Fernando López Aguilar aprovechó también su intervención para hacer un alegato en favor del cambio. "La justicia es resistente al cambio porque el derecho es una forma de pensamiento esencialmente conservador", afirmó. También se comprometió a fortalecer la Escuela Judicial de Barcelona, que tenía un futuro incierto tras los planteamientos del Gobierno del PP de no aumentar la planta judicial, así como a convertir a los tribunales superiores de justicia en la última instancia. De esta forma, explicó, "se descongestionaría" el Tribunal Supremo y se le reservaría la "función casacional", para "uniformizar" la doctrina.

En la inauguración también intervino el alcalde de Barcelona, Joan Clos, que reclamó alternativas a la judicialización de los conflictos y a la cárcel. En ese sentido, ofreció la colaboración del Ayuntamiento y recordó que la Administración municipal solicita desde hace 15 años la justicia de proximidad, al igual que hizo el consejero de Justicia catalán, Josep Maria Vallès. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, que acaba su mandato en junio, preside el congreso.