La Fiscalía de Alicante alerta del considerable número de presos preventivos a la espera de ser enjuiciados

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, alertó ayer de que el número de reclusos en prisión preventiva y a la espera de ser enjuiciados alcanza los 326, en su mayoría imputados por delitos de sangre y de agresiones sexuales. Romero consideró esta cifra "bastante elevada", en tanto que algunos de los encarcelados permanecen en prisión desde 2002. No obstante, puntualizó, un elevado porcentaje de estos presos fue ingresado en el 2003, de manera que descartó la salida de ningún acusado por agotar el máximo legal en prisión preventiva.

"Las causas con presos tienen que tener preferencia absoluta. Parece que algún juez no lo ha tenido en cuenta", declaró el fiscal jefe de Alicante. Romero censuró que, al menos, un centenar de sumarios podrían haberse celebrado.

La Inspección Fiscal reclama, desde primeros de marzo, a los máximos responsables de los ministerios públicos provinciales el control de la población reclusa preventiva que está a la espera de ser enjuiciada. Los casos de Dolores Vázquez -primera sospechosa del crimen de la joven Rocío Waninkof que tras pasar un período en prisión condicional fue absuelta del crimen-, y de Francisco Gómez Simón -único acusado por el triple del crimen de Benifallim que fue puesto en libertad tras agotar el máximo legal en prisión preventiva-, pusieron sobre el tapete el grave perjuicio social que acarrean el retraso en la instrucción de las causas penales. La dilación en la celebración de los juicios con detenidos en prisión cautelar tiene consecuencias dramáticas de diferente signo: por un lado, el prolongado encarcelamiento de posibles inocentes; y, por otro, la puesta en libertad de supuestos culpables.

A partir de ahora, las fiscalías provinciales controlarán esta población reclusa, y pasarán informes trimestrales para evitar nefastos agravios. Romero anunció que remitirá a los juzgados instructores afectados que agilicen los procedimientos. El fiscal jefe especificó que los mayores retrasos los acumula la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, con 46 preventivos. "Esto significa que el mayor número de los delitos graves se cometen en la Vega Baja".

Entre los presos preventivos, según Romero, figura un detenido por violencia de género y varios por tráfico de droga y proxenetismo. Por otro lado, el fiscal jefe destacó la profesionalidad de los dos fiscales expedientados por la dilación en la instrucción del caso de Benifallim.