Desahuciada a los 86 años por 39 euros
Rosario Piudo llevaba 26 años en la casa de Sevilla de la que ayer la echaron

Faltaban 10 minutos para que el salón de Rosario Piudo (86 años) dejase de ser su salón. La anciana, que llevaba viviendo en la misma casa desde hace 26 años, no comprendía muy bien por qué había tantas cámaras de televisión allí. Es cierto que las historias de desahucio ocurren todos los días, pero pocas veces se echa a la calle a una persona por una deuda de 39 euros. Y esto es lo que pasó ayer en el número 6 de la plaza de la Encarnación de Sevilla.
Rosario Piudo llevaba casi tres décadas pagando los 120 euros mensuales de su alquiler de renta antigua. Pero, hace un año, la anciana decidió dejar de hacerlo. Era su forma de protestar por el estado deplorable en el que estaba el edificio en el que vivía hasta ayer. Rosario puso al día los atrasos después de que lo ordenara un juez. Pero se olvidó de pagar 39 euros.
Rosario no podía aguantar ayer las lágrimas: "No tienen amor; les falta el amor"
La familia Giménez Clavijo, propietaria del inmueble, denunció a través del abogado Juan Manuel Aguilar a la anciana. El Juzgado número 12 de Sevilla hizo pública el 9 de julio una sentencia en firme, sin posibilidad de recurso, por la que se obligaba a la octogenaria a abandonar el domicilio. Pero después de 86 años, la cabeza de Rosario ya no funciona muy bien y no se enteró hasta hace cuatro días de que tenía que irse.
"Yo le estaría metiendo dinero hasta que se le llenase la boca". Rosario no podía aguantar ayer las lágrimas: "No tienen amor; les falta el amor". No comprende cómo la pueden echar de su patio de vecinos, ni qué van a hacer con su casa: "Yo no sé si el piso se lo van a poner de gorro". De momento, la sobrina de Rosario, Natalia Montes, se llevará a la anciana a su casa de Osuna, a unos 100 kilómetros de Sevilla. La sobrina lo tiene claro: "Lo que quieren es echar a todo el mundo a la calle".
Los pocos vecinos que todavía quedan en el inmueble también creen lo mismo. Ángel del Río Sánchez, uno de los cinco inquilinos que continúan en el edificio, sostiene que "esto es una operación de especulación". "Cuándo arreglen el edificio", añade, "vendrá gente de fuera a vivir aquí por mucho más dinero".
Ángel del Río cuenta que hace tres años vivían más de 20 familias en el bloque. Pero, poco a poco, fueron marchándose. En 2001, los inspectores de Urbanismo del Ayuntamiento apuntalaron la finca. Fue entonces cuando los propietarios del inmueble pidieron que se decretase el estado de ruina. Pero Urbanismo lo denegó y ordenó que se invirtieran 80 millones de pesetas (480.809 euros) en la remodelación del patio de vecinos. Ángel del Río cuenta que la familia propietaria quiere vender el edificio por "unos 700 millones de pesetas" (4.207.084 euros) y que ya han negociado algunas compensaciones con los pocos inquilinos que quedan. Sostiene que los arrendadores ahora se "frotan las manos" porque han "conseguido echar a otra vecina sin indemnización alguna". Ni el procurador ni el administrador de la finca, que además es uno de los dueños del edificio, quisieron hacer ayer declaraciones.
Los dos estuvieron presentes durante las dos horas que duró el desalojo. Prácticamente lo único que se limitaron a hacer fue ordenar que se cambiara la cerradura del piso. Rosario todavía estaba dentro recogiendo sus cosas. A su lado, una de las vecinas intentaba que los funcionarios judiciales se apiadaran de su amiga: "Ella no sabe prácticamente ni escribir, lo dejó todo en manos de Dios". Pero los funcionarios no podían hacer nada: "Queremos que sea lo menos traumático, pero llegados a este punto, ya no hay marcha atrás".

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