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Tony Blair debió creer que tenía licencia universal para espiar y mentir en el camino a la guerra de Irak. Pero la historia es testaruda, y las revelaciones sobre algunas de estas malas artes le están rebotando en la cara. Ayer mismo, su antigua ministra de Cooperación, Clare Short, reveló que los servicios británicos habían espiado a Kofi Annan antes de la guerra y grabado conversaciones en su despacho de Nueva York. Sin desmentirlo totalmente, Blair se limitó a afirmar su "total respeto" hacia al secretario general de la ONU.

Las acusaciones de Short resultan más creíbles después de que la justicia británica se hubiera visto obligada, por razones "inadecuadas de explicar", a retirar los cargos contra Katharine Gun, una joven traductora de chino del centro de escuchas del Gobierno, que reveló que el Reino Unido había espiado a varias delegaciones del Consejo de Seguridad en Nueva York. Gun aceptó desde un principio haber sido la fuente de esta filtración, que, afirma, realizó por una cuestión de conciencia para evitar que su país cometiera una ilegalidad al atacar a Irak sin una resolución suficiente del Consejo de Seguridad, y contrarrestar los esfuerzos de EE UU de socavar este órgano central. A las mentiras sobre la amenaza de las armas de destrucción masiva se añaden estos escándalos. Pero las trampas para la guerra van a seguir persiguiendo a Tony Blair durante tiempo. Suerte tiene de no contar con una oposición política, pues las voces más críticas están en su partido.

Mientras, en España, como ya empieza a ser preocupantemente habitual, el Gobierno y sus instrumentos de propaganda miran para otro lado. Pero las preguntas permanecen. No son las mismas que en Londres, pero están cerca. ¿Qué información proporcionó el CNI al Gobierno sobre las armas de destrucción masiva? ¿Qué valoración legal sobre la guerra dieron los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores u otros órganos del Estado? La ciudadanía también aquí merece respuestas.