El Consistorio aún debe pagar 16 millones por 'imprevistos' del anterior gobierno

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, admitió ayer que el Ayuntamiento lleva nueve meses pagando gastos extras aprobados por el anterior gobierno de José María Álvarez del Manzano y no abonados en su día a las empresas contratistas, y advirtió de que aún quedan 16 millones de euros por pagar en este concepto. Esos pagos extras, llamados "reconocimientos extrajudiciales de crédito", se aprueban cuando, en algún momento a lo largo del año, existe un gasto imprevisto de cualquier tipo que no está incluido en el contrato firmado con la empresa que realiza el servicio (de limpieza, por ejemplo). Un sistema del que abusó el anterior gobierno, según reconoció ayer el edil de Hacienda.

Por el uso "injustificado y escandaloso" de esos reconocimientos extrajudiciales de crédito arremetieron en los últimos meses PSOE e IU contra el ex concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, hoy diputado en la Asamblea de Madrid. La oposición considera que López Viejo utilizó ese sistema de forma fraudulenta y abusiva para beneficiar a determinadas empresas. Y ayer la edil socialista Isabel Vilallonga acusó al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón de "usar las mismas prácticas".

Bravo replicó que lo que se está haciendo es terminar de pagar lo que en el mandato anterior se comprometió con las empresas y no fue abonado. Afirmó que aún quedan por pagar 16 millones y preguntó a Vilallonga si prefiere que los expedientes no se tramiten, ante lo que "las empresas lleven al Ayuntamiento a los tribunales por impago".

El edil aseguró que, una vez que se liquiden esos expedientes, el gobierno municipal utilizará este modelo de pago "sólo de forma excepcional" y, cuando lo haga, informará de oficio a la oposición. También dijo que "en las próximas semanas se anunciarán nuevas fórmulas para tramitar la contratación municipal", aunque no precisó en qué consistirán.

Apoyo a Nissan

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad instar a la Comunidad y al Gobierno central a "interesarse por la situación que vive la empresa Nissan Motor Ibérica", cuya fábrica de Cuatro Vientos tiene previsto cerrar en 2006, "a fin de garantizar la permanencia, viabilidad industrial, productiva y técnica de la misma en Madrid". La concejal de Economía, Pilar Martínez, se comprometió personalmente con algunos de los trabajadores de Nissan, que asistieron al pleno, a hablar con la dirección de la empresa para tratar de buscar soluciones alternativas al cierre.

También fue aprobada una declaración para pedir que, "de forma urgente", acabe la urbanización del nuevo barrio de Carabanchel y que 2.000 propietarios cuyos pisos ya están terminados puedan entrar en ellos.