Promesas electorales

El 24 de enero, en este diario, apareció una propuesta del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de crear un registro de bienes, intereses y sueldos de los políticos, y que se pudiese acceder a través de Internet para ser conocidos por todos los ciudadanos.

Al día siguiente, y en el mismo medio, le contesta el consejero, Antonio Ortega, diciendo que ese tipo de registro no es necesario. También manifiesta "que es una cuestión que va con el individuo, aquel que no tenga honestidad para estar en política, lo que tiene que hacer es irse". Efectivamente, señor Ortega, esa es la pura realidad, pero usted, que lleva ya muchos años en política, habrá observado que día a día el desencanto de los ciudadanos en la democracia se hace más patente, porque día a día se ve que el político, que está puesto por los ciudadanos con sus votos, sólo se acuerda de ellos cada cuatro años y cuando salen de parlamentarios cambian el sentido público de servir por el sentido particular de servirse.

Por tanto, la promesa del señor Chaves es acertada, pero habría que ahondar aún más en este asunto y no referirse sólo al político, sino también obligar a conocer los bienes de familiares, empresas y testaferros, pues pueden estos señores no tener nada a su nombre y tener los bienes diversificados a nombre de los de su entorno (la última noticia aparecida sobre el señor Fabra, presidente del PP y de la Diputación de Castellón), y aún más, deberían de seguir presentando sus declaraciones patrimoniales incluso después de ocupar su puesto de servidor público, pues pueden haber recibido bienes dinerarios que no tienen ninguna inscripción registral y con el paso del tiempo poder incrementar su patrimonio.

La persona que tiene vocación de servicio público siempre tiene que demostrar su honradez. La medida, si no se queda en promesa electoral, es muy acertada y con ella se refuerza la democracia.