La catástrofe del 'Prestige' y los retrasos en el AVE marcan la gestión del ministro

El accidente del petrolero Prestige fue gestionado en un primer momento por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Su peculiar forma de reaccionar -se le imputa haberlo mandado "al quinto pino" antes de irse de caza el fin de semana- abonó la imagen de que el Gobierno no había gestionado con la diligencia debida una catástrofe que después demostró sus impresionantes dimensiones. La gestión del ministro también quedó marcada por los retrasos acumulados en la puesta en marcha del AVE Madrid-Lleida. Sus declaraciones fueron siempre polémicas. Durante su mandato, el precio de la vivienda subió muy por encima del IPC y el ministro lo justificó en la prosperidad que disfrutaba el país.

A mediados de diciembre de 2002, un mes después del hundimiento del Prestige, Francisco Álvarez-Cascos hizo su primera visita a Galicia. Y allí dijo que la "óptima" respuesta del Gobierno tras el accidente "evitó una catástrofe de consecuencias inimaginables".

En ese momento el ministro declaró que la única responsabilidad política que admitía era "no ser profeta" para haber adivinado que el Prestige iba a sufrir una vía de agua el 13 de noviembre. Ésa ha sido su forma de responder a las críticas. Justo tras el accidente, el equipo de Cascos ordenó el alejamiento del barco de las costas gallegas. Esa maniobra, según todos los expertos, provocó que el vertido del fuel se dispersará por toda la costa gallega provocando la mayor catástrofe ecológica en la historia de España.

Cascos siempre mantuvo que fue la mejor decisión: "Tuvimos muy presente que si ese barco encallaba en la bocana del puerto de A Coruña podría bloquearlo por tiempo indefinido y provocar también una catástrofe económica", afirmó cuando toda la costa gallega ya estaba impregnada de fuel. Pero desde el primer momento defendió que "la mejor decisión era alejar el buque de la costa", una estrategia que el presidente del Gobierno, José María Aznar, asumió como propia el lunes en la entrevista que le hizo TVE tras el anuncio de disolución de las Cortes.

Pero la polémica no se alimentó sólo de la escasa información de los primeros días y del hecho de que el barco navegara con rumbo variado hasta que finalmente se hundió, el 19 de noviembre. El primer fin de semana, después del accidente pero antes del hundimiento, Cascos se fue de caza, y el segundo lo pasó en Sierra Nevada (Granada), antes de viajar a Almuñecar para que los militantes del PP le entregaran el "chirimoyo de oro", un emblema de la costa tropical granadina.

La gestión de la catástrofe del Prestige quedó enseguida en manos de Mariano Rajoy, por encargo del presidente del Gobierno, José María Aznar. Pero la más emblemática de las obras de Fomento: el AVE entre Madrid y Barcelona, quedó marcada por reiterados retrasos y por denuncias del Colegio de Geólogos de Aragón de que el trazado de esa línea de alta velocidad se asentaba sobre una zona inestable y podían producirse hundimientos. El ministro replicó que los geólogos no habían hecho alegaciones en su momento y lo atribuyó todo a la crítica política. De paso, arremetió con críticas al Gobierno de Aragón (del PSOE) y al de la Generalitat de Cataluña (entonces de CiU), como partícipes en la responsabilidad de los retrasos. Con o sin política, el AVE, que ahora sólo llega hasta Lleida, se puso en marcha mucho después de lo anunciado y se produjeron diversos socavones en el terreno a poca distancia del trazado de la línea ferroviaria.

Las opiniones de Cascos sobre el precio de la vivienda desataron otra tormenta política. El ministro atribuyó el pasado abril -casi en la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas- que el precio de la vivienda libre hubiera subido más de un 50% en los últimos seis años al "crecimiento de la renta disponible de los españoles y la creación de más de dos millones de puestos de trabajo". El ministro enfatizó que "todo eso significa mayor nivel de bienestar y de ahorro en una sociedad que tiene en la vivienda el objetivo principal de sus expectativas de ahorro futuras". Un mes después, ya en campaña electoral, Cascos justificó que el plan de viviendas sociales del año 2000 no hubiera cumplido sus objetivos ni en un 50% debido al mayor poder adquisitivo de los españoles, que, a su juicio, prefieren la vivienda libre, así como a la falta de competencias de la Administración central sobre el suelo.