Los autónomos quieren cobrar paro
Las organizaciones recuperan viejas reivindicaciones con vistas a las próximas elecciones

Los trabajadores autónomos han logrado en esta legislatura hacer realidad algunas de sus reivindicaciones tradicionales, como la posibilidad de cobrar la prestación por incapacidad temporal desde el cuarto día de producirse la baja en lugar de tener que esperar al decimosexto como ocurría antes. Aún tienen otras pendientes, que esta semana han hecho públicas en Madrid dos de las organizaciones que agrupan a estos profesionales, la federación de asociaciones ATA y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ligada al sindicato UGT. Ambas reclaman que los trabajadores por cuenta propia tengan derecho a cobrar algún tipo de prestación por desempleo a cambio de una cotización adicional, así como el derecho a estar representados en las instituciones que les afectan, como el Consejo Económico y Social, la mesa nacional de prevención de riesgos laborales o la de formación.
Más de 50.000 trabajadores por cuenta propia se beneficiaron de la nueva baja por incapacidad temporal en los dos primeros meses
Otras propuestas que los autónomos han querido poner encima de la mesa aprovechando el momento electoral son: la posibilidad de contratar a familiares que echen una mano en el negocio sin tener que pagar el 100% de la cotización; la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, mayor acceso a la formación y a las nuevas tecnologías o la supresión del impuesto de sucesiones, entre otras.
"Todas las propuestas son factibles y se pueden acometer con el presupuesto de la Seguridad Social", asegura Lorenzo Amor, responsable de ATA. Amor pone como ejemplo lo que ha sucedido con la nueva incapacidad temporal. El 97% de los 2,7 millones de cotizantes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social paga de media 11 euros más por tener derecho a esta prestación, de la que se beneficiaron entre noviembre y diciembre 50.107 trabajadores. Esto supone que la Seguridad Social ingresó unos 58 millones de euros más por este concepto y tuvo que abonar unos 10 millones de euros en prestaciones, calcula el responsable de esta organización, quien asegura que estas cifras demuestran que "no ha habido fraude".
ATA y UPTA han enviado ya sus reivindicaciones, compartidas en su gran mayoría, al Partido Popular, PSOE y CiU, para que éstos estudien la posibilidad de incorporarlas a sus respectivos programas electorales con vistas a los comicios del próximo 14 de marzo. En los próximos días se las harán llegar también a Izquierda Unida. El objetivo es dar mayor protección a un colectivo que agrupa a 2,7 millones de trabajadores y que supone una de cada cuatro nuevas altas en la Seguridad Social.
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