Berlusconi, sin red

La decisión del Tribunal Constitucional italiano de invalidar la ley de inmunidad diseñada a medida de Silvio Berlusconi pone de nuevo al primer ministro a las puertas de la justicia. Tendrá que volver a afrontar diversas acusaciones, entre ellas la de soborno a jueces en el caso SME por la privatización de esa empresa estatal alimentaria cuando Berlusconi se dedicaba sólo a sus negocios. Por este sórdido asunto ya ha sido condenado a cinco años de cárcel uno de sus más estrechos colaboradores, el ex ministro Cesare Previti.

Italia es una excepción en muchas cosas. También en materia de inmunidad, que suprimió el Parlamento a raíz de los juicios por corrupción de tangentópolis. El ejercicio práctico de la política requiere un grado razonable de inmunidad. Pero lo que hizo Berlusconi, con la ley aprobada a todo correr en junio pasado y que cubría sólo a cinco altos cargos del Estado, fue cambiar las reglas del juego sobre la marcha y a su conveniencia, como ya había hecho anteriormente en relación con otros asuntos. El Constitucional ha considerado que la ley, que de hecho congeló su encausamiento de forma abrupta, violaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia y de defensa de cualquier interés legítimo ante los jueces.

Berlusconi, cuyos abogados se muestran formalmente dispuestos a que se reanude el proceso, ha callado. Pero sus acólitos se han lanzado a descalificar como "política" esta sentencia del más alto tribunal y han esgrimido la posibilidad de proponer una ley para reformar la Constitución y cortarla a medida del actual primer ministro, algo que podría llevar a una profunda crisis institucional del sistema italiano.

La salud democrática de Italia requiere que se ponga fin a la doble anomalía que supone este primer ministro: la de haber sido condenado por corrupción en sus anteriores actividades privadas, aunque salvado por diversas prescipciones o amnistías, y la de controlar la televisión en su doble condición de jefe del Gobierno y propietario de las principales cadenas privadas. El presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, ha tenido que intervenir al negarse a firmar y devolver al Parlamento la ley que oficializaba esta malformación mediática. Berlusconi aún mantiene un apoyo popular, pero estos embates le debilitan. La situación de vulnerabilidad a la que le ha devuelto el Constitucional se puede tornar en fortaleza de la democracia italiana.