La juez archiva la denuncia del PP sobre Egmasa por no hallar delito

El Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ha decretado el archivo definitivo de la denuncia del PP andaluz por supuestos delitos de malversación de fondos públicos en la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) dependiente de la Junta de Andalucía, ya que el PP, que consideró el caso "como uno de los mayores escándalos" de la autonomía, no ha recurrido el segundo auto de archivo.

Fuentes judiciales afirmaron que la juez rechazó hace unas semanas el recurso de reforma planteado por el PP, partido que dejó transcurrir los plazos legales sin elevar el caso a la Audiencia de Sevilla.

Después de recabar durante casi dos años documentación sobre las actividades de Egmasa, el juzgado archivó el caso en junio pasado por considerar que no habían aparecido indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación ni negociación prohibida a funcionarios, en una actitud apoyada por la Fiscalía, que se opuso a la petición del Partido Popular de reabrir el caso.

La denuncia fue presentada por el secretario general del PP, Antonio Sanz, en septiembre de 2001 ante la Fiscalía de Sevilla y en ella aportó documentos sobre la posible sobrevaloración de obras realizadas por Egmasa en colegios públicos y en la facturación por obras que presuntamente que no se habían llevado a cabo. El juzgado recabó documentos de la Junta y analizó las obras realizadas a la luz de la Ley de Contratos Administrativos sin haber apreciado indicios de delito, según las citadas fuentes.

El PP denunció que la Consejería de Educación había pagado 1,2 millones de euros de más por las obras realizadas por Egmasa -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente- en colegios andaluces, en unas facturas que habían sufrido presuntamente un incremento de entre el 13,5% y 15% respecto a otros contratistas.

Dichas reparaciones en 746 centros educativos y sociales fueron ejecutadas entre 1999 y 2000 por importe de 9,8 millones de euros, cuando era consejero delegado de la empresa pública Fernando Martínez Salcedo y el presunto sobrecoste en las facturas se produjo por conceptos tales como dirección técnica y gastos financieros y administrativos, según la denuncia.

Las obras realizadas por Egmasa fueron el motivo por el que el PP pidió en octubre de 2001 la creación de una comisión de investigación en el Parlamento ya que, según alegó entonces Antonio Sanz, se trataba "de uno de los mayores escándalos políticos y económicos de la historia autonómica". El PP presentó 1.078 preguntas de control al Gobierno sobre este asunto.