Blasco mantiene bloqueados los dos planes urbanísticos más polémicos de Alicante

El desarrollo de Benalúa Sur, en Alicante, y el del PAU 21 de Orihuela (una macrourbanización en la Sierra Escalona), los dos planes urbanísticos más polémicos de Alicante en el anterior mandato municipal, llevan más de cuatro meses bloqueados en la Generalitat -primero en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y ahora en la de Territorio y Vivienda, que dirige Rafael Blasco-, que es la autoridad urbanística competente para aprobar los planes parciales de forma definitiva. Ambos proyectos, de gran calado inmobiliario, se aprobaron con urgencia por los gobiernos locales del PP de Alicante y Orihuela antes de las elecciones de mayo.

Los secretarios municipales de ambos consistorios se negaron a firmar algunos documentos incluidos en los planes parciales, y la oposición denunció trato de favor de los alcaldes a los promotores. La Consejería de Territorio se limita a confirmar que ambas actuaciones urbanísticas se encuentran pendientes de la firma de Blasco, pero no explica a qué se debe el retraso del visto bueno del consejero. "Sobre el motivo que ha originado el retraso no tenemos nada que decir", declaró un portavoz de la consejería.

Las promotoras de ambos planes, Colinas Golf, en Orihuela, y Prasa, en Alicante, comienzan a inquietarse ante la prolongada demora. Directivos de Prasa se entrevistaron el pasado jueves con la nueva concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Castedo. Ésta aseguró que en los próximos días se reunirá con Blasco para interesarse por el plan parcial. Castedo estimó que el retraso se debe a las vacaciones estivales y al cambio de consejero tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo.

Al final de la tramitación del plan parcial Benalúa Sur estalló una gran polémica en Alicante. El alcalde, el popular Díaz Alperi, decidió indemnizar con suelo público a dos empresarios para que trasladaran sus fábricas de harina a otro lugar y dejaran el terreno disponible para su uso residencial. La oposición denunció que el precio del suelo público cedido a los industriales era muy superior al coste del traslado de las factorías. "Un regalo", denunciaron entonces los portavoces de la oposición municipal. El gobierno local sólo consideró que hubo un "evidente defecto formal" al indemnizar con dinero público a los empresarios por el traslado de sus fábricas sin haber realizado una tasación oficial. El técnico que peritó el coste del traslado admitió que ni siquiera visitó el interior de las fábricas. El informe municipal se basó en la información de parte aportada por las dos empresas.

La polémica urbanística creció en intensidad cuando se desveló que las harineras eran sedes sociales de empresas inmobiliarias cuyos titulares eran los empresarios que firmaron el convenio con el alcalde. Cuando el Ayuntamiento de Alicante aprobó el plan parcial, los dos industriales constituyeron una empresa urbanizadora.

El otro proyecto pendiente es de Colinas Golf, en Orihuela.La empresa que obtuvo la adjudicación de un plan urbanístico (PAU-21) en la Sierra Escalona de Orihuela en medio de un escándalo político -el PP, con mayoría absoluta, lo aprobó pese a que el secretario municipal se negó a firmar los informes y a que toda la oposición votó en contra- pertenece al empresario inmobiliario Francisco Montoro Muñoz, amigo del secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, con quien ha realizado negocios. Montoro es propietario de suelo en la Sierra Escalona y a partir de la empresa Monteagro, radicada en San Miguel de Salinas (Vega Baja), constituyó el 11 de marzo de 1998 la mercantil Malvéñez. Un día antes, se creó en Madrid la firma Arquimoby 98, de la que Ricardo Romero de Tejada es administrador único. Tres meses después, Malvéñez compró una finca agrícola y un coto de caza en el entorno de parque Monfragüe (Cáceres), y enseguida la alquiló a la firma que administra Romero de Tejada.