La Comisión de la Verdad entrega el informe sobre la tragedia peruana

En medio de duras críticas, pero también de un amplio respaldo social, ayer se presentó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que intenta resumir y analizar las causas de la violencia política de los últimos 20 años en Perú. Entre las conclusiones más importantes está el haber considerado a la organización terrorista Sendero Luminoso como el principal violador a los derechos humanos, estimar en más de 69.000 el número de víctimas -tres veces más que la cifra manejada hasta ahora-, de las cuales el 75% son quechuahablantes y el 50% murieron en el departamento andino de Ayacucho, donde se inició la guerra.

A los presidentes democráticos Fernando Belaúnde y Alan García se les achaca en el informe responsabilidad política, mientras que a Alberto Fujimori y a su socio Vladimiro Montesinos, penal. El presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue el primero en recibir ayer el informe. El presidente de la CVR, Salomón Lerner, leyó en Palacio de Gobierno un compendio del trabajo realizado durante los últimos 22 meses. "Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos", dijo, y añadió con la voz entrecortada: "La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos, de lo que debemos dejar de ser".

Respecto de las dimensiones del conflicto, la CVR estima que las víctimas fueron 69.280, lo que supera hasta en tres veces la cifra manejada en Perú. Resalta, asimismo, que de éstas, el 79% vivía en zonas rurales, el 75% eran quechuahablantes y el 68% tenían un nivel educativo de primaria o inferior.

La CVR encuentra que el principal responsable de los muertos y desaparecidos es Sendero Luminoso, con un 54% de los casos. Esto se debe al carácter fundamentalista del proyecto de Sendero, su desdén por el valor de la vida y la negación de los derechos humanos y el culto a la personalidad de su líder, Abimael Guzmán.

Uno de los temas más polémicos es el de la responsabilidad de los gobiernos y del Estado peruanos durante el periodo investigado. Si bien se reconoce el mantenimiento de las formas democráticas hasta abril de 1992, la CVR ha encontrado responsabilidad política en los gobiernos de Fernando Belaúnde y de Alan García. Ambos, indica, erraron al no aplicar una estrategia integral, permitiendo que, en ciertos momentos y en zonas de conflicto, no se limitaran los excesos de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que la violación de los derechos humanos se volvió una práctica sistemática.

En cuanto a Fujimori, la CVR señala que el autogolpe de abril de 1992 se presenta como un punto de inflexión en la estrategia antisubversiva. Se pone énfasis en la eliminación selectiva de los liderazgos subversivos y grupos administrativos, y aparece un escuadrón de la muerte: el llamado Grupo Colina, responsable de serias violaciones a los derechos humanos. Según el informe, hay indicios para considerar la responsabilidad penal del propio presidente Fujimori, su socio Montesinos y altos funcionarios del Servicio de Inteligencia. A su vez, un sobre cerrado con los nombres de militares y civiles denunciados por el CVR será entregado a la Fiscalía de la Nación.