Industria quiere prorrogar dos oligopolios antes de las elecciones

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) quiere prorrogar antes de las elecciones de otoño las concesiones de dos de los oligopolios vinculados al Departamento de Industria cuyo contrato no vence hasta 2006: la de las empresas encargadas de la inspección técnica de vehículos (ITV) y la de las entidades de inspección y control industrial (EIC). El Ejecutivo ya se ha dirigido a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para ampliar las concesiones hasta 2014, pero en su informe -preceptivo, aunque no vinculante- los juristas se oponen a la prórroga.

El Partit dels Socialistes (PSC) asegura que el intento de prorrogar ambos oligopolios es otro ejemplo de que el Ejecutivo trata de "blindar" a determinadas empresas ante una eventual derrota electoral de CiU, según coincidieron en afirmar ayer el portavoz de su grupo parlamentario, Joaquim Nadal, y el diputado Miquel Barceló. El consejero de Industria, Antoni Fernández Teixidó, defendió en un comunicado la prórroga tras acusar al PSC de "contradictorio". "El modelo de concesión es bueno si permite uniformar criterios, establecer rigor técnico e igualar el coste a todo el país", dijo.

Los dos diputados socialistas relacionaron la pretensión del Ejecutivo de prorrogar las concesiones de Industria con otros contratos renovados antes de tiempo: el Gobierno de CiU ha adelantado cuatro años la revisión de las concesiones de transporte por carretera, prevista para 2007, y las ha prolongado entre 25 y 99 años (véase EL PAÍS del pasado 5 de julio).

Los oligopolios de Industria que el Ejecutivo catalán se propone renovar ahora afectan a la ITV y a las empresas de inspección y control industrial. En el primer caso, las tres empresas acreditadas son ECA, Iteuve y RVSA. Las dos primeras pertenecen al grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que controla el 82% del mercado catalán de revisiones de vehículos y que el pasado junio adquirió el 35% de Emte, empresa vinculada a Carles Sumarroca, un histórico de Convergència Democràtica (CDC).

Exclusivas

ECA también se beneficia de las exclusivas en inspección y control industrial, oligopolio que el departamento pretende igualmente prorrogar. La otra empresa acreditada para este fin es ICICT. Ambas firmas gozaban también de la exclusiva para realizar mediciones de control atmosférico en grandes empresas y compañías eléctricas, una concesión otorgada por Medio Ambiente. En 2000, la Comisión Jurídica Asesora propuso poner fin a este oligopolio de Medio Ambiente, pero el Ejecutivo hizo caso omiso de la recomendación y lo renovó. No obstante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo anuló en 2002 como consecuencia de su carácter "exclusivo y excluyente".

También ahora la Comisión Jurídica Asesora manifiesta reservas ante las intenciones del Ejecutivo, que justifica la eventual prórroga de las concesiones como compensación a un eventual aumento de las inversiones de las empresas afectadas para mejorar su servicio. En dos dictámenes aprobados el pasado 24 de julio, a los que ha tenido acceso este periódico, los juristas desaconsejan prorrogar ahora las concesiones, vigentes desde 1986.

Ley española

En el caso de la ITV, el informe subraya que el supuesto aumento de la inversión ni siquiera se ha cuantificado: "Todavía está por determinar si el coste de la propuesta es real", se dice en el informe, donde se añade que "no se explicitan en el expediente los motivos por las variaciones respecto a la evaluación de los concesionarios".

No obstante, el motivo básico para desaconsejar la extensión es otro, aún de más calado: "La técnica de la prórroga como vía para el mantenimiento del equilibrio financiero no se ajusta a la normativa estatal". En 2000, las Cortes aprobaron una ley para liberalizar la ITV y basar las concesiones en la libre concurrencia. El Gobierno catalán presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero los juristas recuerdan que "la normativa estatal eventualmente viciada de inconstitucionalidad es actualmente vigente y debe aplicarse".

La comisión tampoco avala la prórroga en las entidades de inspección y control industrial. En dos resoluciones -del 6 de marzo y del 24 de julio- considera que no se han detallado suficientemente los motivos.