La policía usa las cámaras de seguridad del aeropuerto para intentar identificar a los autores del atentado

La Guardia Civil tomaba ayer declaración a las personas que estaban en el aeropuerto de Santander en el momento del atentado de ETA y visionaba las cintas de las cámaras de seguridad colocadas en las instalaciones, especialmente las de la entrada principal que cubren el área del aparcamiento donde los etarras aparcaron el coche.

Las fuerzas de seguridad atribuyen este atentado a algún comando de ETA con infraestructura en el País Vasco y consideran que tras colocar el vehículo salieron de Cantabria antes de llamar al diario Gara, a las 15.50 horas, para anunciar que explotaría una hora más tarde. Fuentes policiales consideran que los autores serían dos o tres jóvenes, cuyas identidades aún se desconocen, que desarrollan una vida normal en el País Vasco, hasta que reciben las instrucciones de la cúpula etarra para actuar.

El vehículo, un Renault 19 de color granate y cargado con unos 30 kilos de explosivo, fue robado el pasado 7 de junio en Gernika (Vizcaya), como se ha podido comprobar tras el examen del bastidor que aporta los datos del titular y del coche. Este coche tenía las placas de matrícula dobladas de otro localizado en el País Vasco, circunstancia que ayer se comprobó inmediatamente tras la llamada de aviso al Gara, donde los etarras informaron del modelo y color de coche, y que permitió detectar la presencia de explosivos.

Las fuerzas de seguridad no intentaron desactivar el coche-bomba ante el temor de que se tratara de una trampa y que estallara antes de la hora prevista, como es habitual en el modo de operar de la banda terrorista que intenta así sorprender a los equipos de desactivación de explosivos. En este sentido, el ministro del Interior, Ángel Acebes, explicó ayer en Madrid que "estas decisiones se toman con criterios técnicos" y subrayó el mensaje que ha transmitido a las fuerzas de seguridad para que actúen con "el mínimo riesgo posible", porque son "objetivo prioritario" de ETA.

Los afectados por los desperfectos del coche-bomba iniciaron ayer la tramitación de sus reclamaciones en la oficina habilitada en la Delegación del Gobierno de Santander, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros prevé dar curso a más de 60 expedientes, la mayoría de los propietarios de los vehículos que estaban aparcados junto al que tenía el artefacto explosivo.