Gobierno y pedagogía

Si los gobernantes trataran a los ciudadanos con mayor consideración, posiblemente nos evitaríamos algunos de los conflictos más comunes a los que nos enfrentamos cada día. Pero, por lo general, nuestros gobernantes prefieren ordenar a convencer. Es más fácil, desde luego, dar una orden y esperar su cumplimiento que argumentar una decisión que hemos tomado. Es más fácil pero, sobre todo, es más cómodo. Para quien manda, dar explicaciones resulta una tarea enojosa; incluso hay quien piensa que de hacerlo, perdería buena parte de su autoridad. Para algunas personas, la autoridad requiere cierta dosis de displicencia, no sabemos muy bien por qué. El resultado de esta manera de actuar es, casi siempre, un agravamiento del conflicto, y un aumento de la distancia entre gobernantes y gobernados.

Tomemos el caso del tranvía metropolitano de Alicante. Esta obra proyectada por la Obras Públicas tiene, sin duda, un positivo interés para la ciudad y para las poblaciones vecinas. Probablemente, el tranvía se convierta en un extraordinario medio de transporte que preste un gran servicio a la comarca. Sin embargo, tal y como se ha ejecutado el proyecto, nos resultará difícil encontrar una sola persona (a excepción, claro está, de García Antón y del resto de autoridades) que hable bien del asunto. Si hemos de guiarnos por los periódicos, todo se ha hecho de espaldas al ciudadano.

En ningún momento se ha explicado con claridad cuál era la utilidad del tranvía, ni la intención del proyecto. Las obras, muy polémicas, se han realizado sin respeto a los afectados, que han acudido a la prensa para protestar. Las discusiones han sido innumerables. Se han creado problemas de tráfico insolubles... Un proyecto de innegable interés, que hubiera requerido una abundante información pública, discusión, diálogo con los ciudadanos, se ha ejecutado de una forma poco menos que autocrática. El resultado es que el tranvía metropolitano es visto hoy con desconfianza por los ciudadanos que habrán de ser sus usuarios.

Fijémonos ahora en otro asunto: la prisión que se pretende construir en Albocàsser y a la que se oponen los vecinos. Los temores que expresan son los mismos que manifestaron, años atrás, los habitantes de Villena cuando se habló de edificar un penal en las proximidades. Responden a un temor natural, comprensible, desde luego, pero poco real. La presencia de una cárcel no supone un aumento de la delincuencia, de la inseguridad, o del tráfico de estupefacientes, como se alega. La prisión de Villena funciona desde hace tiempo y no ha creado, que uno sepa, problemas a la población.

¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades ante la protesta de los vecinos de Albocàsser? Teniendo en cuenta el precedente de Villena y su proximidad, lo natural hubiera sido procurar que los vecinos se informaran y extrajeran sus propias conclusiones. Luego, a través del diálogo, de la argumentación, disipar las dudas que pudieran presentarse. Todo esto supone, como es natural, un trabajo considerable que, tal vez, las autoridades juzgaron demasiado complicado, por lo que renunciaron a él. Por eso intentan ahora comprar a los vecinos de Albocàsser con promesas de incierto cumplimiento.