Comisión del PP

El PSOE e Izquierda Unida han hecho de la necesidad virtud y han aceptado el modelo de comisión impuesto por el PP -en número de comparecencias, aporte de documentación y calendario- para investigar la trama de intereses inmobiliarios en torno a la deserción de los diputados Tamayo y Sáez en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid. Ambos partidos han justificado su cambio de actitud en que la alternativa sería peor: que no hubiera investigación alguna sobre el bloqueo institucional que va a obligar a los madrileños a concurrir muy pronto a nuevas elecciones.

El PP ha forzado una comisión a su medida, aceptando y rechazando a conveniencia las comparecencias propuestas por PSOE e IU y restringiendo drásticamente la prueba documental solicitada-los informes de Hacienda, sobre todo- para esclarecer los hechos. Resulta cuando menos chocante que una comisión llamada de investigación se muestre tan cicatera en la admisión de medios de prueba que, en principio, pueden servir para conocer la verdad, aunque luego resulten fallidos.

Esperanza Aguirre ha justificado esa actitud restrictiva en que no se puede hacer comparecer a las personas en una comisión de investigación sólo "por si acaso" tienen algo que ver con el asunto. ¿Pero es ésa la situación de Fernando Bastarreche, dimitido director gerente de Madrid Excelente y antiguo portavoz del grupo de concejales populares en Móstoles, bien relacionado con el constructor Francisco Bravo, personaje clave de la trama a investigar, o de Paloma García Romero,

hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid, aunque sólo sea por su conocimiento confuso de lo que iba a ocurrir en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid?

La comisión, en la que el PP tiene la mayoría por el voto de calidad de su presidente, nace con escaso crédito y bajo la sospecha generalizada de que va a investigar muy poco sobre las causas de la deserción de Tamayo y Saéz, más por falta de voluntad que por el escaso tiempo de que dispone. ¿Qué puede esperarse de una comisión a la que PSOE e IU consideran "amputada" y "en condiciones precarias"? El desprestigio de la política y de las instituciones puede alcanzar cotas inimaginables si a la tomadura de pelo que puede resultar de la comisión parlamentaria se añade la ausencia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una vez que ha desaparecido el pretexto para no hacerlo alegado por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, con el rechazo definitivo de la querella del PSOE en el ámbito judicial.