Querella de discordia

La querella presentada por la Fiscalía del Estado contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), sucesor de la ilegalizada Batasuna, parece haber provocado en el seno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no sólo una legítima discrepancia jurídica sobre sus fundamentos, sino también una muy preocupante fractura ideológica y política en torno al hecho mismo de su admisión o no a trámite. Constituiría una quiebra muy grave del Estado de derecho que el enfrentamiento que mantienen los Gobiernos central y vasco en torno a esta querella, como en general sobre el proceso de ilegalización de Batasuna y sus consecuencias, se trasladara mecánicamente al interior del Tribunal de Justicia del País Vasco, poniendo en entredicho su independencia y cegando cualquier posibilidad de encauzar el conflicto mediante la ley.

En este sentido, no se comprende bien, quizá porque no se ha explicado suficientemente, que la misma Sala de lo Civil y Penal que se pronuncia en un primer momento a favor de una querella presentada sobre los mismos hechos contra Atutxa por el extraño colectivo Manos Limpias se divida después en dos ante la admisión de la más fundamentada querella de la Fiscalía del Estado. Seguramente ello explica el recelo con que el fiscal ha acogido la designación de la llamada Sala de Discordia (ampliación de la antigua con tres nuevos magistrados para deshacer el empate) y su decisión de impugnarla ante el Consejo del Poder Judicial, que ha decidido dejarla en suspenso cautelarmente hasta verificar si su designación se atiene a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En contra de lo señalado por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, que ha imputado nada menos que "actitudes mafiosas" al Consejo del Poder Judicial, este órgano es el competente para resolver un conflicto que atañe exclusivamente al funcionamiento interno de un tribunal y que nada tiene de jurisdiccional. En todo caso, este conflicto no debería ir a mayores, pues la ley predetermina claramente la forma en que ha de constituirse este tipo de sala de justicia.

Ni los gobernantes de Madrid ni los de Vitoria pueden actuar como si pudieran prejuzgar, y predeterminar en su caso, la decisión del Tribunal Superior vasco. Deberían cesar de inmediato pronunciamientos como el de Mayor Oreja, que enmarca este nuevo conflicto judicial en un supuesto proceso de secesión ya en marcha en el País Vasco, o como el de Arzalluz contraponiendo un "independiente" Tribunal de Justicia del País Vasco a un "sumiso Tribunal Supremo" que maneja Aznar. Los jueces del Tribunal Superior vasco deben salir del círculo infernal en el que pretenden encerrarles unos gobernantes que a veces parecen perder cualquier sentido de la prudencia y de la sensatez. Deben actuar con la independencia que la ley y los ciudadanos les exigen, basando en argumentos de derecho, y sólo en ellos, la decisión que adopten, cualquiera que sea.