El Gobierno prima la educación en el nuevo plan de fomento de Internet

El Gobierno pretende sacar a España del furgón de cola europeo en el desarrollo de la sociedad de la información. Como el plan que había diseñado anteriormente ha fracasado (el Info XXI), el Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo programa 2004-2005, llamado España.es.

El programa está dotado con 1.029 millones de euros, de los que la Administración general del Estado aportará un 63%, las comunidades autónomas un 26% y el resto correrá a cargo de las empresas del sector privado (11%).

El sector educativo se lleva la mayor parte del dinero, 241 millones de euros, la mitad del cual será aportado por las comunidades autónomas. Objetivo: "Que Internet se integre definitivamente en el aula como una herramienta habitual en el proceso de aprendizaje", según el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué.

Educación.es gastará 230 millones de euros para instalar conexión inalámbrica y proyectores en las aulas de los 6.000 centros educativos de secundaria y dotará a los 140.000 docentes con un ordenador portátil. Otros 20 millones se destinarán al desarrollo de contenidos educativos y los cinco millones restantes a crear un portal para padres, alumnos y profesores.

Siguiendo las líneas marcadas por la Comisión Soto, el Gobierno ha establecido tres líneas básicas de actuación: administración electrónica, educación y pequeñas y medianas empresas, que se verán complementadas con otras tres medidas horizontales como son el acceso de todos los ciudadanos a la Red, la creación de contenidos y las campañas de información para dar a conocer las actuaciones de España.es. La administración electrónica y las pymes se llevarán 180 y 132 millones de euros respectivamente.

El Gobierno también pretende que las pequeñas y medianas empresas, el 80% de la estructura económica del país, "usen la Red como instrumento de negocio". Para ello, el Gobierno, en colaboración con las organizaciones empresariales, les facilitará herramientas y servicios y les informará de los incentivos fiscales existentes.

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