La fiscalía pide cuentas a los directivos de la Federación de Fútbol

José María Castillón, administrador general de la Federación Española de Fútbol, declaró ayer ante la policía a instancias de la fiscalía de la Audiencia de Madrid por las supuestas irregularidades contables del máximo organismo del fútbol español. La fiscalía ha iniciado unas "diligencias informativas", que no anulan las iniciadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva, para aclarar el aparente uso irregular de fondos federativos utilizados para financiar viajes privados de miembros del organismo y de sus familiares y amigos. Unas denuncias destapadas en su día por la Cadena Ser y ABC. Supuestamente, los directivos aprovechaban los viajes de las distintas selecciones para desplazarse gratis a lugares como Brasil, Argentina o Finlandia. Particularmente señalado por las facturas impagadas, o pagadas con cerca de un año de retraso, está Juan Padrón, vicepresidente económico de la Federación. El directivo canario declara hoy ante el fiscal de la Audiencia de Madrid.

A Padrón se le señala como responsable de no abonar varios viajes con su mujer, sus hijos, e, incluso, amigos de sus hijos. Todos los trayectos en primera clase y los alojamientos en hoteles de lujo.

Los funcionarios federativos se defienden insistiendo en que todas las "facturas están pagadas". También minimizan el hecho de tener que declarar ante la Fiscalía, asegurando que no tienen ningún inconveniente "en colaborar" y subrayando que han sido ellos mismos quienes solicitaron al Consejo Superior de Deportes en febrero pasado una petición para que examinaran "sus cuentas bajo sospecha".

Precisamente, el Consejo, en el mes de marzo pasado, ya trasladó sus dudas a los servicios jurídicos de la Administración del Estado sobre las cuentas de la Federación. Asimismo suspendió cautelarmente las subvenciones que recibía este organismo. También la Liga de Fútbol Profesional instó a la Federación a aclarar sus cuentas, exigiendo una auditoría de las mismas. La Federación, por boca de su presidente, Ángel María Villar, aceptó, pero sólo "parcialmente".