Rajoy considera un disparate plantear que el escaño es del partido y no del diputado

El Gobierno cerró ayer la puerta a cualquier nueva medida de regeneración democrática, tras el escándalo de la Comunidad de Madrid, que no sea la reforma del Pacto contra el Transfuguismo. Lo aclaró ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el Consejo de Ministros, al precisar su rechazo a que la propiedad de los escaños pueda ser de los partidos en vez de los diputados, como estableció en 1983 la doctrina del Tribunal Constitucional.

Tras la deserción de los dos parlamentarios socialistas en la constitución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, abrió la posibilidad de revisar la doctrina sobre la propiedad del escaño. También han especulado sobre ello algunos dirigentes socialistas.

Para Rajoy, la materialización de esta reforma sería un "disparate de colosales proporciones" y adelantó que si el PSOE pretende ofrecer un pacto al Gobierno en esta dirección el rechazo será tajante porque "va contra la esencia misma de lo que son los sistemas democráticos desde que se inventó este régimen en el mundo". "Un diputado nunca está sujeto a mandato imperativo y sólo lo está a mandato representativo. De lo contrario, el líder de cualquier partido podrá expulsar en un momento dado a todos los representantes de su formación política, en un ayuntamiento o en otra institución".

El vicepresidente primero limitó la reforma a la del Pacto contra el Transfuguismo, anunciada esta semana por el Ministerio de Administraciones Públicas y que pretende extender del ámbito municipal al autonómico la marginación y la pérdida de atribuciones -como subvenciones, coche oficial...- a los electos tránsfugas con la creación de la figura de los "no adscritos". Rajoy pidió al PSOE y a los partidos iniciativas en esta dirección.