Un juez obliga al municipio a reparar 30 casas de Villaverde abandonadas por la Seguridad Social

Un auto del Juzgado Contencioso-administrativo número 18 de Madrid, con fecha de 19 de junio, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid a reparar de manera urgente unos pisos que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en el distrito de Villaverde y que amenazan ruina. En las viviendas residen 30 familias, formadas sobre todo por personas mayores y con pocos recursos, desde hace algo más de 40 años. El auto ordena al Consistorio que, en ejecución sustitutoria, arregle los numerosos desperfectos que sufren estas viviendas.

Los dos edificios afectados, cada uno con dos portales, están en el número 1 de la calle de San Dalmacio, pegados a la carretera de Andalucía. Estos inmuebles, de cuatro alturas, fueron construidos en 1957 por el Montepío de Productores Civiles del Ejército, una cooperativa formada por trabajadores civiles del Ejército. En los años sesenta, el Montepío desapareció y los pisos pasaron a formar parte del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, al que los inquilinos pagaban el alquiler.

A mediados de los noventa los pisos cambiaron de nuevo de propietario y se hizo cargo de ellos la Tesorería General de la Seguridad Social. Según los vecinos, fue entonces cuando empezaron los problemas. Las casas cada vez estaban más deterioradas por las grietas y la humedad, y la Seguridad Social no respondía a los requerimientos de los residentes para que las arreglara. Además, los residentes no pagan el alquiler desde 1997, porque, según su abogado, José Antonio Jiménez, la Seguridad Social no pone a su disposición los correspondientes recibos. Ahora, cada familia debe a la Seguridad Social, por impagos del alquiler, unos 6.500 euros.

En un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de octubre de 1999, los técnicos determinaron que en los bloques había humedades y grietas y que había peligro de que los materiales de los que está hecho el tejado se cayesen a la calzada. Gerencia requirió a la Seguridad Social que acometiese las obras en un plazo de 20 días.

El abogado de las familias, José Antonio Jiménez, asegura que la Seguridad Social ha hecho una oferta a sus clientes por las que les vende los dos inmuebles por 1,8 millones de euros. "Los vecinos quieren que las casas pasen a ser de su propiedad, pero esa cantidad es excesiva, es gente con muy pocos recursos', concluyó Jiménez.