Los informes del CNI no avalaban la rotunda posición del Gobierno sobre Irak

El Gobierno español se ha escudado en las resoluciones de la ONU y los informes de los inspectores frente a las demandas de la oposición para que explique dónde están las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión de Irak. En cambio, ha evitado remitirse a la información que recibió de sus propias fuentes; es decir, del servicio secreto español CNI y de la división de inteligencia de la OTAN. Los informes de ambos organismos arrojaban sospechas sobre el régimen de Sadam Husein, pero en ningún caso avalaban las rotundas declaraciones de Aznar.

De los tres países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que dieron su aval a la guerra en la cumbre de las Azores del pasado 16 de marzo, España es el único donde no se ha abierto una investigación para aclarar por qué se dio por sentado que Irak disponía de un arsenal de armas de destrucción masiva que, hasta el momento, nadie ha sido capaz de encontrar.

Ante las preguntas parlamentarias de la oposición, el vicepresidente Mariano Rajoy y la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se han remitido a las resoluciones del Consejo de Seguridad y a los informes del jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix. Sin embargo, dichas resoluciones no fueron consideradas suficientes por la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguridad para justificar un ataque sin esperar siquiera a que los inspectores de Blix dispusieran de tiempo para concluir su trabajo, como éste había solicitado.

Cuando, en noviembre de 2002, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, reclamó por vía parlamentaria "los documentos, pruebas o datos que obren en poder del Gobierno y que demuestren la capacidad del Estado iraquí de producir armas de destrucción masiva", el Ejecutivo le envió un informe del Instituto de Estudios Estratégicos, una entidad privada con sede en Londres, y otro del Gobierno británico, posteriormente descalificado por su falta de rigor, ambos en inglés.

Sin embargo, el Gobierno español disponía de sus propios informes sobre el asunto, aunque no haya informado de su existencia al Parlamento. En concreto, España, como miembro de la OTAN, tuvo acceso a los informes elaborados por la división de inteligencia del Estado Mayor Internacional de la OTAN. Dicha división, según las fuentes consultadas, elaboró varios documentos sobre los programas de armas de destrucción masiva de Irak, pero en ninguno de ellos se afirmaba categóricamente que el régimen de Sadam Husein las tuviese en su poder, como aseguró pública y repetidamente Aznar.

Voluntad, no posesión

En todos los informes se utilizaban los verbos en condicional, con expresiones del tipo podría disponer. En realidad, de lo único que la OTAN estaba segura es de que Irak había tenido armas químicas y biológicas y no había demostrado su destrucción. Además, los informes de la OTAN agregaban que el régimen iraquí contaba con la experiencia, los medios, el personal técnico y los contactos necesarios para producir este tipo de armas en un plazo breve, especialmente si se levantaban las sanciones impuestas en 1991, tras la primera guerra del Golfo, cuyo mantenimiento resultaba cada vez más problemático a medio plazo.

El Gobierno dispuso, además, de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español sucesor del Cesid.

Desde el principio, el CNI descartó la posibilidad de que Irak dispusiera de capacidad para producir armas nucleares -pese a la supuesta compra de uranio a Niger, que resultó ser una burda falsificación- y también negó la relación entre el régimen Baaz iraquí y la red terrorista Al Qaeda, en contra de los sostenido inicialmente por miembros del Gobierno.

Además, el CNI elaboró un informe a mediados de febrero pasado, a raiz de la comparecencia del secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, ante el Consejo de Seguridad el día 5 de ese mismo mes. Los analistas del CNI compararon las imágenes de instalaciones iraquíes presentadas por Powell con las obtenidas a partir del satélite Helios (que España comparte con Francia e Italia) y de satélites comerciales.

Su conclusión fue que en algunas instalaciones se había reiniciado la actividad, como demostraba la presencia de vehículos y la construcción de nuevos edificios, de lo que deducía que "Irak ha mantenido su voluntad de seguir desarrollando sus programas de armas de destrucción masiva", especialmente en los "ámbitos químico, biológico y de misiles".

Pero una cosa era la constatación de esa voluntad y otra distinta la posesión efectiva de las armas. Y mucho menos la capacidad para utilizarlas de inmediato, lo único que podía justificar la decisión de iniciar la guerra sin atender a la prórroga solitada por el doctor Blix.