Freno a la regulación autonómica

El ex consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, se comprometió en de agosto de 2002 a elaborar un decreto en el que además de abordar aspectos sanitarios, higiénicos o sociales relacionados con la prostitución pretendía abolir su ejercicio en la calle. El proyecto del anterior responsable de Bienestar Social se basaba en la prohibición expresa de la prostitución callejera acompañada de medidas de reinserción. Entre ellas, bonificaciones a las empresas que contrataran a prostitutas, además de capacitación laboral y ayudas para vivienda de forma que la disminución de ingresos por el cambio de trabajo fuera compensada y evitar de esta forma recaídas. Blasco también expuso su intención de crear un servicio específico de información sanitaria, jurídica, ocupacional y de formación para las prostitutas. Además reclamó una norma estatal destinada a dar carta de naturaleza fiscal a la prostitución para poder activar controles sobre ella.

Todo este plan, un proyecto de decreto que la nueva responsable del departamento, Alicia de Miguel, se encontrará en los cajones de la consejería, incluía también medidas sanitarias dirigidas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y para de promover la realización de revisiones médicas periódicas entre las profesionales "al objeto de que se garantice su salud y la de sus clientes". Otro aspecto que incluía era la obligación para los ayuntamientos de recoger a través de sus ordenanzas o sus planes urbanísticos, zonas del término municipal para ubicar locales o inmuebles destinados a la prostitución, "así como distancias mínimas entre estos", y requisitos como distintivos en la entrada del local, "aseos y duchas en correctas condiciones higiénicas" o "ventilación suficiente y aislamiento acústico".

Blasco paralizó el decreto en enero pasado. Justificó su decisión, en la comisión especial sobre prostitución que se celebraba en el Senado, porque sólo abordaba competencias autonómicas y señaló que hasta no conocer las conclusiones de la Cámara Alta y sus repercusiones en una posible nueva norma de ámbito estatal, no tenía sentido seguir con la normativa autonómica. De momento, la comisión -que comenzó el 21 de marzo de 2002, meses antes del anuncio de Blasco de crear el decreto- está pendiente de emitir su informe de conclusiones.