De Palacio y el abogado general de Luxemburgo, en entredicho

La contundente sentencia de ayer pone punto final a una dura y agria batalla que durante casi cinco años se ha desarrollado en los frentes de Bruselas, Madrid y Luxemburgo, entre otros. La comisaria de Transportes y Energía y vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, y el abogado general encargado del caso en el Tribunal de la UE, el también español Dámaso Ruiz-Jarabo, son las dos personas que ayer quedaron más en entredicho.

La primera, porque ha sido, frente a varios comisarios, la más ferviente defensora de la acción de oro. El segundo, porque en marzo pasado defendió la legalidad de la norma española y ahora el Tribunal sentencia lo contrario, algo que sólo ocurre en dos de cada diez casos. En el lado opuesto, los comisarios Frits Bolkestein, de Mercado Interior, y Mario Monti, de Competencia, defendieron criterios más restrictivos.

El interés general

En cuanto al abogado general (una especie de fiscal) Ruiz-Jarabo, sus conclusiones fueron vistas con recelo por tratarse de un español y porque su hermano, Ignacio, preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para él, la acción de oro en España, es "compatible" con el Tratado de la UE y estaba justificada "por razones de interés general" y era "proporcionada" con el fin que perseguía. Para más casualidades, el magistrado que encabeza la firma de 14 jueces que han intervenido en la sentencia y presidente del Tribunal es el también español Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

La batalla había comenzado el 26 de octubre de 1998, cuando la Comisión comunicó a España que la legislación podía infringir la libre circulación de capitales. Tras el correspondiente intercambio de pareceres, la Comisión denunció a España al Tribunal en 2000 por entender que eran contrarias al derecho comunitario la ley de marzo de 1995 (bajo Gobierno socialista) sobre el régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas y cinco decretos, aprobados ya con Gobiernos del PP, por los que se regulaba en Repsol (1996), Telefónica (1997) y Argentaria, Tabacalera y Endesa (1998). La decisión de la Comisión de acudir al Tribunal contó con el voto a favor de Loyola de Palacio, quien ayer prefirió no pronunciarse. Sí lo hicieron fuentes próximas al comisario Bolkestein, que mostraron su satisfacción.