Las cajas retrasan su adaptación a la ley financiera

El decreto de adaptación de las cajas de ahorros a la Ley de Cajas no fue aprobado ayer por el pleno del Consell, como se esperaba. El efecto más inmediato de este imprevisto es que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha suspendido el Consejo de Administración que tenía previsto para el próximo lunes para trabajar en la adaptación de sus estatutos a la nueva normativa y elevarla después a la asamblea. Bancaixa, ayer, aún no había tomado la decisión. Las modificaciones estaba previsto que se aprobaran en las respectivas asambleas en el mes de junio. La segunda consecuencia es que las cajas valencianas incumplirán el plazo de seis meses marcado por la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero para que las cajas de ahorros adapten sus estatutos. La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de noviembre, por lo que el plazo de seis meses marcado para la adaptación de las entidades concluye el próximo viernes, 23 de mayo.

El decreto que ayer tenía que haber aprobado el Consell desarrolla y fija las líneas a seguir por los estatutos y los reglamentos de estas entidades financieras, tras la aprobación en el que fue el último pleno de las Cortes de esta legislatura de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Valenciana.

Las prisas de Rambla

Cabe recordar, además, que el Consell aprobó el proyecto de reforma de la ley a principios de enero de este año y que poco después el consejero de Economía, Vicente Rambla, defendió en las Cortes la modificación de la ley como "imperativa". En aquel momento, el responsable financiero del Consell argumentó que la aprobación de la ley era "urgente" ante la próxima disolución de las Cortes e "inaplazable" porque el proceso electoral en las cajas está previsto para los meses de septiembre y octubre.

Las modificaciones de la ley se centran en la composición de los órganos de gobierno de las entidades financieras. En este sentido, el texto amplía el mandato de los consejeros de cuatro hasta un máximo de doce años; rebaja, además, la presencia política en las cajas de ahorros del 56% al 50%, aunque sin fijar explícitamente el reparto proporcional entre fuerzas políticas según su representación en las instituciones.