Empresarios acusados en el 'caso Ardystil' atribuyen el síndrome a la Administración por su "pasividad"

Las defensas de cinco de los 10 empresarios imputados en el caso Ardystil solicitaron ayer la libre absolución para sus clientes al considerar que los encausados acataron la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Además, los letrados consideraron que la "pasividad" de las administraciones en el control de las factorías enjuiciadas -Ardystil, Aeroman, Aerotex y Aerografía Textil- propició el síndrome.

El macrojuicio que se celebra en la Audiencia de Alicante contra 10 empresarios, un inspector de trabajo, tres firmas químicas y cinco aseguradoras por el síndrome laboral descubierto a principios de los noventa en ocho fábricas de aerografía textil en L'Alcoià continuó ayer con las conclusiones definitivas de las defensas.

Pedro Soriano, abogado de la dueña de la factoría que dio nombre al síndrome y principal imputada en el caso, Juana Llácer, argumentó que su defendida se limitó a seguir los trámites exigidos por ley para la puesta en marcha de su empresa. Además, Llácer respetó, según el letrado, las instrucciones de uso de los productos suministrados por la firma Bayer. "Ha sido un hecho fortuito", apostilló. En la misma línea se pronunció Soriano para recalcar la inocencia de José L. Picher, encargado de Ardystil, en la que fallecieron cinco operarios. El abogado trasladó la responsabilidad a Inspección de Trabajo que, según agregó, no observó irregularidades y se limitó solamente a comprobar la filiación de los trabajadores.

Por su parte, la defensa de los propietarios de Aeromán -en la que falleció un operario- incidió en que la firma actuó conforme a la legalidad y derivó la responsabilidad a la Administración encargada, según él, de vigilar y tutelar a las empresas. "Nadie les sancionó por incumplimiento de seguridad e higiene en el trabajo", indicó. Los abogados de los titulares de las empresas Aerotex y Aerografía Textil basaron su solicitud en que por esas fechas "había una ausencia de normativa y desconcocimiento" sobre la actividad de la aerografía. Sus clientes, aseguraron, cumplieron las normas si bien éstas, según calificó el letrado Cortés, se trataba de una legislación decimonónica y caduca.