El Tribunal de Cuentas investiga las obras del cine El Pardo por posible prevaricación, a instancias del PSOE

El Tribunal de Cuentas ha notificado al Ayuntamiento que está investigando la denuncia presentada por el grupo municipal socialista sobre la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del Gobierno de José María Álvarez del Manzano en las obras para reconvertir el cine El Pardo en un centro cultural. La denuncia ha sido presentada por las ediles Marta Rodríguez-Tarduchy, portavoz de Obras, y Ruth Porta, responsable de Hacienda en el grupo socialista, después de que la Comisión de Vigilancia de la Contratación haya analizado minuciosamente los sucesivos contratos adjudicados para realizar las obras.

Los primeros trabajos en el inmueble, situado en la calle de Mira el Río, en el antiguo municipio de El Pardo (Fuencarral), se iniciaron en septiembre de 1994 con unas obras de acondicionamiento. Tres años más tarde, en junio de 1997, el gobierno municipal, del PP, decidió reconvertir el inmueble en el Centro Cultural El Pardo y con ese objeto convocó un concurso. Los trabajos, por valor de 178.000 euros (29,7 millones de pesetas), tenían un plazo de ejecución de cuatro meses y medio y se adjudicaron a FCC.

Modificación

A ese contrato le sucedieron tres más adjudicados, así como una modificación, según relata Marta Rodríguez-Tarduchy, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. La portavoz socialista de Obras resalta que una de las dificultades encontradas en los expedientes analizados ha sido la de identificar el objeto de cada uno de los contratos. Éstos se denominaron sucesivamente "Construcción del cine El Pardo" (178.000 euros), "Reestructuración del cine El Pardo", adjudicado también a FCC por 564.000 euros (94 millones de pesetas), "Acondicionamiento del cine El Pardo" (adjudicada a FCC por 175.400 euros, equivalente a 26,2 millones de pesetas) y "Rehabilitación del cine El Pardo", adjudicado a la misma empresa que los anteriores contratos por (474.000 euros o 78,9 millones de pesetas). "En el segundo de los contratos se realizó una modificación para aprovechar al máximo la edificabilidad, pero no existe proyecto de esa modificación a pesar de que suponen una alteración de más del 50% del proyecto original", especifica Rodríguez-Tarduchy. En uno de los contratos, por ejemplo, se incluye la instalación de un ascensor con el que teóricamente ya contaba el centro y que estaba incluido en un contrato previo. "Se han fraccionado premeditadamente los contratos. El orden en de los trabajos no responde a la lógica. Así, la puerta de entrada se compró un año y medio antes de contratar el dintel en que se instalaría. Hay facturas por 300 metros cuadrados de baldosas de mármol que no se han instalado", concluye la edil. El PSOE cree que se ha incumplido la Ley de Contratos del Estado y que el gobierno municipal podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

El concejal Carlos Martínez, portavoz del PP en la Comisión de Vigilancia de la Contratación negó todas estas irregularidades denunciadas por el PSOE.