La juez de vigilancia penitenciaria rechaza el recurso de Mario Conde para obtener el tercer grado

La juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, ha dictado un auto en el que rechaza el recurso planteado por el ex presidente de Banesto Mario Conde para conseguir el tercer grado penitenciario y vincula la reinserción del banquero a que abone la indemnización de 3.763 millones de pesetas (22,6 millones de euros) que fue condenado a pagar por el caso Banesto, informa Europa Press.

Según la juez Jimeno, la Audiencia Nacional le ha comunicado que Conde no ha hecho frente a las responsabilidades civiles a que fue condenado, aunque tiene varias propiedades embargadas. El auto de la magistrada confirma una resolución dictada por ella misma el pasado 9 de diciembre, que denegó a Conde el tercer grado y que fue recurrida por el ex banquero. La nueva decisión está recurrida en apelación, por lo que será la Audiencia de Madrid o la Audiencia Nacional, como sala sentenciadora, la que tendrá la última palabra sobre la concesión del tercer grado.

La juez reitera que la clasificación de Conde en segundo grado penitenciario se debe a "la naturaleza, gravedad, entidad y duración" de la condena de 20 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Banesto el pasado mes de julio, fecha en la que reingresó en la prisión madrileña de Alcalá-Meco. Jimeno rechaza la petición de Conde de volver al tercer grado que disfrutó tras ser condenado por el caso Argentia Trust alegando que aquella condena se ha refundido con la del caso Banesto. La juez explica que la segunda condena del Supremo supuso "un salto cualitativo y cuantitativo en sentido desfavorable" para la situación del recluso.

En cuanto a la buena conducta e integración social y familiar que esgrimía en su favor Conde, la juez cree que no deben ser "sobrevaloradas", puesto que eran circunstancias que ya concurrían cuando cometió los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad por los que fue condenado. Respecto al pago de las responsabilidades civiles, Jimeno indica que en los delitos económicos es el signo más evidente de la reinserción social del penado, y subraya que Conde no ha satisfecho las suyas.

De otro lado, el instructor del expediente disciplinario abierto a la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid, María Prado Torrecilla, ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial que le suspenda en sus funciones durante tres años, por haber intentado conseguir, "de modo consciente y voluntario", un trato favorable a Conde.