El empleo de ilegales crece mientras el Gobierno limita a 142 los contratos

La proliferación de detenciones por contraciones de ilegales en el campo valenciano coincide, paradójicamente, con el balance oficial de 2002 dado a conocer ayer por la Secretaría de Estado para la Extranjería, cuyos datos confirman que la Comunidad Valenciana sigue a la cola del resto de autonomías respecto al número de plazas estables y de temporeros autorizadas por el Gobierno central con tan sólo 142 aprobaciones frente a las 145 de Castilla-La Mancha, 304 de Castilla-León, 1.061 de Cataluña o las 1.079 de Madrid. El secretario de Estado, Ignacio González, confirmó que de las 32.079 plazas aprobadas en base a las solicitudes de empleo realizadas por los empresarios, sólo se han cubierto el 56% de las ofertas. Es decir, sólo se ha tramitado 13.633 contratos, mientras que la demanda real de trabajadores sigue siendo el doble de la gestionada. Simultáneamente, la Guardia Civil de Cullera detenía el jueves al gerente de una empresa de cítricos de este municipio, S. P. F., de 49 años de edad, como presunto autor de "un delito contra los derechos de los trabajadores". El detenido, según estas fuentes, empleaba a extranjeros procedentes de países del Este, que carecían de permisos de trabajo para recoger naranjas en la zona.

La investigación que concluyó con la detención el jueves comenzó el lunes a las 8.30 de la mañana, cuando varios agentes detectaron a un grupo de inmigrantes en la salida de Cullera hacia la carretera N-332. El equipo de braceros estaba integrado por 14 extranjeros -siete lituanos, tres ucranianos, un kazajo, un ruso, un letón y un moldavo-, que se subieron en distintos coches y partieron en dirección hacia el municipio de Favara, sin saber que la Guardia Civil los siguió hasta el campo al que iban a pedir trabajo.

Una vez allí, los agentes comprobaron que carecían de permiso de trabajo y fueron detenidos para posteriormente quedar en libertad, a la espera de que sean citados si procede, precisa Efe. Los interrogatorios llevaron a la detención del empresario de Cullera, propietario de una firma de manipulación de cítricos con sede social en Valencia. El juzgado de Sueca ha abierto una investigación.