Los socialistas afirman que hay "corrupción" de Zaplana

"Aquí detrás, lo que hay es corrupción, corrupción de la que es culpable el señor Zaplana". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Joaquim Puig, no se anduvo ayer con circunloquios a la hora de calificar el asunto de evaluar el intento del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de crear un grupo mediático afín a sus intereses. Puig mostró su "estupefacción" por el "silencio" del Consell, del PP y del ex presidente y actual ministro de Trabajo ante las informaciones aparecidas sobre el asunto. Un silencio que supone la "confirmación" de la veracidad de lo publicado. "No tiene otra explicación", dijo Puig, a no ser que "estén intentando cambiar las pruebas".

El portavoz socialista consideró "gravísimo que se haya puesto en riesgo la credibilidad de una empresa como Aguas de Valencia, pero también la credibilidad del Banco de Valencia, que también aparece como un elemento al servicio de los intereses personales y políticos del señor Zaplana". Para Puig, el asunto revela la existencia de "una operación de gran calado, en la que todo se ponía al servicio del poder y del señor Zaplana".

Por su parte, el secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, confirmó ayer en Madrid la constitución de una comisión del partido para investigar el asunto. Entre las primeras medidas figuran una propuesta para constituir una comisión parlamentaria de investigación en las Cortes Valencianas y una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso.

Rescate de la concesión

También exigieron explicaciones los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia. El portavoz, Rafael Rubio, afirmó que la alcaldesa, Rita Barberá, debe aclarar si conocía las "operaciones" impulsadas supuestamente por Zaplana, y desmarcarse de ellas. Rubio recalcó su preocupación por que la crisis de Aguas de Valencia repercuta en la empresa mixta con el Ayuntamiento para el servicio del agua, Emivasa, cuyo consejo preside la alcaldesa.

Rubio afirmó que la imagen de Aguas "no puede ser más penosa" y exigió que la empresa salga "de todo este marasmo" y garantice las condiciones de la concesión por 50 años del suministro del agua. De no solucionarse la situación, los socialistas actuarán para "salvaguardar" los intereses de Emivasa. Rubio recordó que la concesión a Aguas puede ser rescatada. Los socialistas pidieron aclaraciones sobre unas facturas que al parecer no quiso firmar el director general despedido, Francisco Pontes, conocida ya la crisis. El delegado de Hacienda, Alfonso Grau, tachó de "ejercicio de demagogia" las declaraciones de Rubio.