El nuevo plan urbano de Chiclana intenta regular 12.000 viviendas

En Chiclana de la Frontera (Cádiz, 60.000 habitantes) hay más de 12.000 viviendas ilegales edificadas en suelo no urbanizable. Ante esta masiva infracción, el Ayuntamiento chiclanero ha aprobado un Plan General de Modificación del Ordenamiento (PGMO) que pretende, en la próxima década, regularizar la situación.

"Hemos actuado de acuerdo con lo que nos dicta el sentido común y el principio de solidaridad, adelantándonos incluso a lo que digan las propias leyes", explica Juan Luis Belizón, concejal de Urbanismo chiclanero.

La proliferación de viviendas ilegales se ha producido por el crecimiento turístico de esta localidad, por la elección de este municipio como sede de segundas residencias y por el crecimiento demográfico.

Las edificaciones ilegales han creado situaciones lamentables. Es el caso de Francisca López Fernández, quien se compró una vivienda en una parcela que simplemente no existe en el Registro de la Propiedad ni para el propio Ayuntamiento chiclanero. Es una de las tantas víctimas de los engaños y de las especulaciones urbanísticas "He sido engañada sin darme cuenta y han jugado con mi ilusión durante mucho tiempo. Tenía escrituras de una vivienda que según el Ayuntamiento no existe. Hay promotores que me han engañado a mí, a la notaría, al banco y a decenas de personas indefensas", lamenta esta vecina.

Para acabar con la agonía de estas personas timadas y con la ilegalidad de las 12.000 familias, el Ayuntamiento de Chiclana encargó hace seis años un nuevo ordenamiento urbanístico a un equipo dirigido por el urbanista Manuel González Fustegueras. El PGMO fue aprobado hace unos días por el pleno municipal gracias a los votos del gobierno local, del PSOE.

El documento está diseñado con nueve áreas de gestión básicas, con una extensión de 19 millones de metros cuadrados, en las que están incluidas el conjunto de viviendas ilegales.

Juan Luis Belizón detalla que los propietarios de estas viviendas deberán asumir ahora el coste de su regularización a través de una ordenanza municipal, que se aprobará en breve, por la que se urbanizarán estas zonas con cargo a los ciudadanos. "Estas personas que han construido sin licencia y han tenido acceso al derecho urbanístico, tiene que tener ahora la obligación urbanística", afirma Belizón, quien concreta que este proceso de urbanización será "largo, costoso y complicado desde el punto de vista técnico y administrativo".