Hernández pide cuatro millones de euros por dejar Aguas de Valencia

Aurelio Hernández fue desposeído el jueves de sus facultades como consejero delegado de Aguas de Valencia y suspendido cautelarmente de las funciones de director general que ejercía previamente. Pero un eventual despido puede retrasarse. Hernández pide casi cuatro millones de euros de indemnización como resultado de multiplicar por cuatro sus ingresos en 2001. Francisco Pontes, que sustituyó a Hernández como director general, pide 3,6 millones.

Aguas de Valencia comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las decisiones adoptadas por el consejo de la sociedad celebrado el jueves en París, que acordó por unanimidad revocar las facultades concedidas a Aurelio Hernández a finales de septiembre de 2001 como consejero delegado y suspender su nombramiento como director general en junio de 2000. La nota remitida a la CNMV también anuncia la suspensión cautelar de las funciones atribuidas a Francisco Pontes como director general cuando Hernández fue nombrado consejero delegado.

Pero tales suspensiones no implican el despido. Ese movimiento exige negociaciones porque los contratos de Hernández y Pontes incluyen un blindaje relevante, establecido como el resultado de multiplicar por cuatro los ingresos obtenidos en un año.

En 2001, Aguas de Valencia ofreció una gratificación específica de 600.000 euros a cada uno de los dos ejecutivos por conseguir renovar el contrato de suministro de agua potable a la ciudad de Valencia durante 50 años en concurso público.

La gratificación extraordinaria, pactada antes de que se convocara el concurso, multiplicó los ingresos habituales de ambos directivos. Hernández ingresó en 2001 una cantidad de 972.700 euros, más de 160 millones de pesetas. Pontes cobró en 2001 909.570 euros, más de 150 millones de pesetas.

El resultado de multiplicar por cuatro tales ingresos arrojaría unas indemnizaciones de 3,88 y 3,6 millones de euros, respectivamente. Un desembolso enorme para una sociedad cuyos beneficios en 2001 apenas superaron los tres millones de euros.

Aguas de Valencia sostiene que no deben considerarse las gratificaciones extraordinarias para negociar la indemnización, pero ese extremo deben resolverlo los abogados.

Una fuente vinculada al mundo financiero sugiere que la escueta comunicación de Aguas de Valencia a la CNMV podría derivar en algún tipo de investigación, puesto que la revocación de un consejero delegado y la suspensión cautelar de un director general nombrados hace un año puede afectar a la cotización de la sociedad y dañar los intereses de los pequeños accionistas.

La violenta maniobra en la dirección de Aguas de Valencia fue calificada por la portavoz socialista Cristina Moreno como "un golpe de Estado" auspiciado por Eduardo Zaplana en favor de las "amistades peligrosas" que la diputada atribuye al ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat en Madrid.

Algunas fuentes sugieren que el empresario madrileño Fernando Fernández Tapia, próximo a Florentino Pérez, podría ocupar el puesto vacante en Aguas de Valencia para facilitar la entrada de la constructora ACS. El interés por Aguas de Valencia radicaría en su experiencia en la gestión del suministro de aguas a una gran ciudad, una experiencia que sólo comparte con Aguas de Barcelona, como aval para optar a una posible privatización del Canal de Isabel II, la empresa pública que sirve el agua a los vecinos de Madrid. La posible privatización del Canal de Isabel II es una mera hipótesis, pero el sobrecoste de Aguas de Valencia en relación a sus beneficios, con una capital social de casi seis millones de euros, es una realidad.