Bush reduce la protección de los bosques para favorecer a los madereros

El Gobierno de George W. Bush ha dado luz verde para la tala de árboles en unos 78 millones de hectáreas de bosque de Estados Unidos, desoyendo las críticas de grupos medioambientales que lo consideran un pago político a la industria maderera por sus generosas donaciones a las campañas electorales republicanas. El plan elimina los análisis de impacto en el ecosistema previos a la tala forestal, así como los requisitos de protección de especies vegetales y animales en peligro de extinción de la normativa aprobada por Bill Clinton días antes de dejar la presidencia.

En definitiva desaparecen las salvaguardas para evitar la deforestación. Las decisiones quedan en manos de los directores de cada bosque, medida que según la Casa Blanca pretende agilizar el proceso de planificación forestal y ahorrar dinero anulando trámites burocráticos "innecesarios". Desde hace dos décadas, antes de talar se hacían múltiples estudios científicos que solían durar un promedio de siete años, en los que además se fomentaba la participación ciudadana. A partir de ahora ese proceso se reducirá a dos años como máximo. Con ello, el Gobierno tiene previsto ahorrar 1.000 millones de dólares en los próximos diez años.

"Es un serio asalto a las protecciones básicas que hemos tenido desde los ochenta", subraya Mike Anderson, analista de The Wilderness Society, una de las principales organizaciones medioambientales de EE UU. Jasmine Minbashian, coordinadora del otro grupo, Northwest Old Growth Campaign, opina que el Gobierno va a ayudar a las empresas a costa del medio ambiente: "Anteponen las ganancias a la ciencia".

Giro ambiental

Creen además que esta norma del Gobierno de Bush puede ser un preámbulo de un mayor apoyo a las industrias en el próximo Congreso de mayoría republicana en enero. A las quejas de los grupos ecologistas se han sumado las de una decena de congresistas y senadores en una carta dirigida al Servicio Forestal Nacional y al Ministerio de Agricultura, que igualmente ha sido desoída por el Ejecutivo. El funcionario de Agricultura que elaboró el nuevo plan, Mark Rey, fue precisamente el director de la Asociación Nacional de Madereros durante dieciocho años, al que los grupos de oposición acusan de favorecer los intereses de esa industria.

De hecho, el plan aprobado es casi idéntico a la propuesta que hizo la asociación de madereros a comienzos de año. Rey no ha respondido a las críticas, pero lo ha hecho en su nombre la subdirectora forestal, Sally Collins, señalando que las "similitudes son pura coincidencia". La propuesta -prevista para entrar en vigor en cinco meses a menos que los ecologistas logren paralizarla en los tribunales- afecta a 20 prados y 155 bosques nacionales.