La Audiencia remite el auto a todas las instituciones vascas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido al Parlamento vasco y al resto de instituciones en las que tiene representación Batasuna, como juntas generales, diputaciones forales y ayuntamientos, el auto del pasado 26 de agosto en el que decretó la suspensión de actividades del partido aberzale, informa Europa Press citando fuentes jurídicas, que precisaron que el hecho de que el juez haya ordenado el envío del auto -lo que ya anunciaba que haría en la propia resolución remitida- no significa forzosamente que haya llegado ya al Parlamento vasco y a las demás instituciones.

Precisamente ayer, el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, impidió el debate sobre las implicaciones de ese auto en el trabajo de los siete representantes de Batasuna con el argumento de que el juez Garzón no había notificado su resolución.

El PP y el PSE trataron de que la mesa del Parlamento debatiera sobre esta cuestión. Los populares propusieron la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, nombre con el que opera Batasuna en el Parlamento vasco, mientras que el PSE planteó que fuera el propio legislativo quien reclame el auto a Garzón, adjuntando una interpretación sobre su aplicación. Ninguna de estas iniciativas llegó a debatirse por la negativa de Atutxa.

Mientras el juez Baltasar Garzón no remita el auto de suspensión de las actividades de Batasuna, el Parlamento vasco no tomará ninguna decisión ni analizará los efectos sobre el trabajo de la formación radical; si el juez notifica el auto se estudiarán sus efectos en la Cámara, aseguró Atutxa. Pero sin esa comunicación previa 'no hay nada que debatir', recalcó. 'Es como si un parlamentario es condenado y queda inhabilitado para ostentar un cargo público. Podemos conocer la noticia a través de una emisora de radio o de televisión ¿Y es por eso por lo que el Parlamento debe suspender a ese diputado? No. Hay que esperar a la comunicación oficial', dijo.

Según el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, el Parlamento no puede mantenerse ajeno a la ilegalización y escudarse en la falta de notificación para no pronunciarse.