Los drogadictos podrán recibir desde hoy tratamiento terapéutico con heroína

La nueva Ley de Drogodependencias de la Comunidad Valenciana entra hoy en vigor. La prevención del consumo, la reinserción y las ayudas a las familias de los drogodependientes son los principales objetivos de una ley pionera en algunos aspectos. Entre las novedades figura la posibilidad de suministrar, bajo control, heroína a los toxicómanos, algo que hasta ahora no hace ninguna comunidad autónoma.

La nueva Ley 4/2002, aprobada el 18 de junio y que modifica la anterior ley del 97, refuerza la protección de los drogadictos y sus familias. La Generalitat ofrecerá atención personalizada a cónyuges, parejas de hecho, padres y demás familiares de los drogadictos, quienes suelen padecer de forma indirecta los efectos de la drogodependencia. A ello hay que sumar la posibilidad que tienen las personas sometidas a tratamientos de deshabituación de prorrogar un año más las ayudas económicas que perciben de la Generalitat. La ley también pretende -y ésta es una de sus novedades- promover el acceso de estas personas a puestos de trabajo, para lo que la Generalitat contará con la ayuda de empresarios y sindicatos.

La utilización de la heroína con fines terapéuticos, para aquellas personas que no logren desengancharse de su adicción, es lo más novedoso de la ley, que en este sentido es pionera ya que ninguna legislación autonómica contempla esta posibilidad, aunque ya se haya probado a suministrar heroína a toxicómanos en un centro de Granada. El uso de la heroína se hará siempre bajo control de la Administración.

Al igual que en la ley anterior, se prohíbe la venta de alcohol desde las 22.00 hasta las 7.00, salvo en aquellos establecimientos en los que el consumo sea inmediato. Con esta medida se pretende acabar con la venta a domicilio de bebidas alcohólicas. Para frenar el consumo callejero la nueva norma apela a medidas reeducadoras, como servicios comunitarios o cursos de sensibilización para quienes sean sancionados. En esta línea, la ley no permite la publicidad de bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de centros educativos, sociales y sanitarios.