Declarada ilegal una parte de la ley antiterrorista del Reino Unido

La justicia británica declaró ayer ilegal la parte más polémica de la nueva ley antiterrorista del Reino Unido. Aprobada a toda prisa y en medio de un considerable tumulto político en diciembre del año pasado, la ley declaró en suspenso el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos para permitir la detención indefinida sin juicio de los sospechosos de actividades terroristas contra los que no hubiera pruebas suficientes y que no pudieran ser deportados a países terceros.

Los jueces entienden que la ley viola precisamente la Convención Europea, porque sólo se puede aplicar a ciudadanos extranjeros, pero no a naturales británicos. La decisión, tomada por los tres jueces que componen la llamada Comisión de Apelaciones Especiales sobre Inmigración (SIAC en sus siglas en inglés), no implica la liberación automática de los nueve inmigrantes que en estos momentos se encuentran detenidos sin cargos. El Ministerio del Interior tiene derecho a interponer recurso contra el fallo y ya ha anunciado que apelará.

Para el ministro del Interior, el cada vez más polémico David Blunkett, la decisión supone un considerable revolcón político. Blunkett había hecho de la detención sin juicio la piedra angular del paquete de medidas antiterroristas, la respuesta del Gobierno de Tony Blair a los ataques del 11 de septiembre. Obsesionado por conseguir que el texto legislativo quedara listo antes de la pausa de Navidad, Blunkett aceptó numerosas enmiendas consensuadas con la oposición, pero no quiso suavizar este polémico apartado.

Éste faculta al Ministerio del Interior para encarcelar por tiempo indefinido a cualquier sospechoso de terrorismo contra el que no hay pruebas suficientes para enviarle a los tribunales, pero con dos condiciones: que sea extranjero y que no pueda ser deportado. La ley europea prohíbe la deportación de extranjeros a países en los que no hay garantías de que no serán torturados.

Paradójicamente, el presidente de la SIAC, el juez Collins, afirma que la ley 'no sólo es discriminatoria e injusta', sino también 'desproporcionada', pero el fallo sostiene que el Gobierno actuó de manera correcta al considerar que se trataba de un caso de 'emergencia pública por amenazas a la vida de la nación'.