Juzgan a la gerente del híper Eroski de Vitoria por controlar con vídeo a los trabajadores

Una cámara de vídeo y audio colocada discretamente en una de las salas de relax que tienen los trabajadores del hipermercado de Eroski en Vitoria es el centro de una polémica laboral que saltó a finales de 1999 y ahora llega a los tribunales. Medio centenar de empleados decidieron denunciar a la empresa por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, del que se acusa a la gerente del centro comercial.

Los hechos que se juzgarán el 10 de junio se remontan a octubre de 1999. La dirección del híper había detectado la existencia de hurtos continuados que podían estar protagonizados por algunos de sus empleados, por lo que resolvió colocar la referida cámara en una de las dependencias que los trabajadores utilizan en sus momentos de tiempo libre en centro comercial de Asteguieta, a las afueras de Vitoria.

Los denunciantes consideran que se intentaba vulnerar su intimidad, ya que en ningún momento se informó a la plantilla de la instalación de la cámara. Señalan que de hecho se hizo todo lo posible para que su presencia pasara inadvertida, ya que fue colocado en un horario nocturno.

Consejo Social

La cámara fue descubierta de manera casual por trabajadores el 24 de diciembre. Se trataba de un videograbador de pequeño tamaño, acoplado en uno de los paneles del techo de la sala, junto al dispositivo contra incendios. El revuelo que acompañó el descubrimiento entre los trabajadores fue importante. Unos días más tarde, la mayor parte de los 180 empleados expresaron su indignación en una asamblea y, siguiendo el proceso estatutario interno, convocaron una reunión del denominado Consejo Social. Este órgano, equivalente a un comité de empresa, resolvió retirar la cámara, pero dejó claro que no se trataba de una medida irregular. De acuerdo con la normativa interna, la detección de sustracciones en el híper autorizaba a los responsables de Eroski a instalar el sistema de vigilancia. Justificaba este hecho, además, por la dureza del régimen laboral de la cooperativa en materia de robos, que comporta la expulsión inmediata.

A pesar de ello, medio centenar de trabajadores decidió presentar una denuncia contra la empresa, al entender que las sospechas no justifican la instalación de una cámara, especialmente su componente de audio. Señalan que las características de la sala de relax no permite relacionarla con los delitos apuntados, al no contar con una salida directa al exterior del edificio. Apuntan asimismo de intenciones por parte de Eroski que pueden asimilarse al mobbing [acoso laboral] y a una vulneración del derecho a la intimidad.

La cooperativa, que en todo momento reconoció la existencia de la cámara, mantiene que no existe delito, al no vulnerarse la normativa interna y estar justificada por los robos la colocación del aparato de grabación.