El crecimiento de la inseguridad ciudadana, primer reto para el nuevo delegado del Ejecutivo central

El anuncio del nombramiento de Francisco Camps como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que efectuará hoy el Consejo de Ministros, sorprendió a la inmensa mayoría de cargos públicos y orgánicos del PP valenciano.Camps ocupa la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados y fue elevado a una secretaría ejecutiva de la dirección nacional del partido en el congreso nacional celebrado a finales del pasado enero. Ahora, renunciará a ambos puestos para enfrentarse a un panorama del que forman parte la quema de vehículos estacionados en vías públicas, la presencia de inmigrantes pendientes de regularización y el aumento, en general, de la delicuencia.

El número de delitos cometidos en la Comunidad Valenciana ha crecido de manera sostenida desde 1996, según datos facilitados por el Ministerio del Interior el pasado mes de febrero. Las denuncias de delitos han pasado de 122.456, en 1996, a 132.062, en 2001. Y las faltas también se han multiplicado: en 1996 fueron contabilizadas 77.523, y en 2001, 112.847. Un alarmante indicador del notable aumento de la delicuencia registrado en la Comunidad Valenciana fue revelado esta misma semana, cuando la Secretaría de Estado para la Seguridad admitió en una respuesta parlamentaria que una de cada tres familias de Castellón fue víctima de un delito durante 2001.

El número de inmigrantes pendientes de tramitar una solicitud de regularización de su situación en la Comunidad Valenciana supera los 20.000, según Comisiones Obreras.

Camps inició su carrera política como concejal de tráfico en el Ayuntamiento de Valencia y fue responsable de la EMT. Se convirtió en teniente de alcalde tras las elecciones municipales de 1995. Saltó a la Consejería de Educación en el Consell de Eduardo Zaplana. Luego fue llamado a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por Ángel Acebes. Ahora renuncia a un cómodo puesto en el Congreso para ganar proyección pública en la Comunidad Valenciana. Pero algunos dd sus compañeros no dejan de mencionar los riesgos políticos que entraña su nuevo cargo.