La Iglesia de EE UU paga 1,38 millones a una joven preñada por un sacerdote

La Iglesia católica de Estados Unidos ha pagado esta semana una de las mayores indemnizaciones por abuso sexual de menores cometido por un miembro del clero: 1,2 millones de dólares (1,38 millones de euros). A diferencia de los otros cientos de casos que han salido a la luz pública recientemente en el escándalo de los sacerdotes pederastas, esta vez, la víctima es una niña en lugar de un niño, que abortó a petición de su abusador, el padre John Lenihan.

Lori Capobiano Haigh tenía sólo 14 años cuando el todavía sacerdote empezó a abusar de ella. Al principio, según su testimonio, sólo la tocaba, hasta que un día la violó. Así trascurrieron dos años, de 1978 a 1980, sin que ella se atreviera a denunciarlo. El día en que se dio cuenta de que estaba embarazada acudió al padre Lenihan a pedirle ayuda y él se la dio en dólares. 'Cuando le conté que estaba embarazada me dijo que abortara, me llevó a su banco, sacó dinero y me lo entregó para que pagara el aborto', declaró Lori Capobiano Haigh al diario The New York Times. 'Él no vino conmigo a la clínica, y me acuerdo lo asustada y desolada que me sentí'.

Pasaron dos décadas desde ese momento hasta que decidió denunciarlo ante los tribunales el pasado mes de diciembre, cuando la prensa norteamericana empezaba a revelar detalles de lo que se ha convertido en el mayor escándalo de la historia de la Iglesia católica de EE UU. La demanda nunca llegó a juicio y ambas partes anunciaron este lunes que habían llegado a un acuerdo extrajudicial por el que la archidiócesis de Los Ángeles -donde ocurrieron los hechos- se compromete a indemnizarla con 1,38 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos a causa de la conducta del cura. Éste, por su parte, ha accedido a la petición de su superior, el obispo de Los Ángeles Todd Brown, para que abandone los hábitos en las próximas semanas.

El denominador común de este caso con los ocurridos en las otras 23 diócesis afectadas (hay 194 diócesis en EE UU) es la política de encubrimiento que adoptó la jerarquía eclesiástica. El patrón fue siempre el mismo: a medida que surgían las denuncias, los obispados amonestaban a los curas pederastas y -según la gravedad y el riesgo de que se hiciese público-, les trasladaban de parroquia en parroquia. El padre John Geoghan, por ejemplo, abusó de más de 130 niños en parroquias de Massachusetts, a pesar de que el arzobispo estaba al tanto de sus delitos, e incluso le recluyó varias veces en instituciones de rehabilitación.

El considerarlo pecado, que no delito, es precisamente lo que ha llevado a la Iglesia de EE UU a la bochornosa situación en que ahora se encuentra. La explicación que los prelados dan es que ningún experto en la época en que ocurrieron la mayoría de los abusos -años setenta y ochenta- les dijo que era una enfermedad incurable. Esa percepción cambió en la década de los noventa, y gran parte de las diócesis tomaron medidas de expulsión o retiro, pero bajo un absoluto secreto.

La magnitud de la crisis ha forzado no sólo a pedir perdón en los púlpitos y a indemnizar a las víctimas, sino a cambiar drásticamente la política de silencio, entregando a cientos de curas a la justicia y modificando la formación en los seminarios.